Reunión en el Ministerio de Justicia.

Ayer, quince de enero, Abigail Fernández, Portavoz del SISEJ, y Javier Canal, miembro de la Comisión Ejecutiva, asistieron a la reunión con las organizaciones del colectivo de Letrados de la Administración de Justicia convocada por el Secretario General de la Administración de Justicia. Por parte del Ministerio de Justicia asistieron el Secretario de Estado, que abrió la reunión y se ausentó tras hacerlo, el propio Secretario General, y la Directora General de Modernización, ambos asistidos por miembros de sus respectivos equipos.

Tanto el Secretario General como la Directora nos informaron sobre la actividad del Ministerio en general y en particular en relación al Cuerpo de Letrados. Quedó de manifiesto no sólo la lejanía de la adecuación salarial que reivindicamos, sino también la de prácticamente cualquier mejora en nuestras retribuciones, aunque, según se nos transmitió, no se renuncia a seguir trabajando para obtener una solución a la problemática de nuestro colectivo. Desde el SISEJ recordamos que hace ya tres meses (en la reunión de 8 de noviembre, celebrada con ocasión del paro parcial de Letrados de Justicia, en que se nos prometió la creación de un grupo de trabajo para abordar la mejor manera de abordar dicha adecuación salarial), sin que hasta la fecha se haya constituido este grupo ni haya habido ningún avance al respecto.

Respecto de otras cuestiones, nos informaron de que continúan los trabajos para un Decreto de sustituciones y para el nuevo Reglamento del Cuerpo de Letrados, tras años de espera.
Asimismo, se nos informó de la próxima implantación del modelo de Oficina Judicial en los partidos de juzgado único del territorio Ministerio. Desde el SISEJ reclamamos un auténtico impulso del proceso de implantación e implementación de la Oficina Judicial, así como mayores esfuerzos para favorecer consensos y la implicación de las Comunidades Autónomas con competencias de justicia transferidas en este proceso, a fin de que la Oficina Judicial sea por fin una realidad en todo el territorio del Estado.

Un punto recurrente en la reunión fue el de la difícil situación de nuestro colectivo a la hora de negociar nuestros derechos laborales. Como incluso han recogido algunas sentencias, el número, diseño y competencias de los Letrados de Justicia imposibilitan que estemos materialmente representados en la Mesa de Justicia, reduciendo nuestro derecho a la negociación colectiva a un reconocimiento meramente formal, sin que nuestros intereses y necesidades estén realmente presentes en la Mesa. Siendo conscientes de que esto excede la responsabilidad y capacidad de decisión del Ministerio de Justicia, reclamamos su implicación para superar esta situación y sus graves, injustas e injustificadas consecuencias.

Por último, los asistentes pusimos sobre la mesa distintas cuestiones como la mejora del sistema de productividad, la necesaria regulación de las comisiones de servicio con sometimiento a criterios de transparencia y motivación, protección de datos o el sorprendente Anteproyecto de Ley de Impulso de la Mediación, heredado, según se nos manifestó, del anterior equipo y trabajado siguiendo la línea de actuación marcada entonces. Recordemos que el Anteproyecto se limita a modificar escasos artículos legales sin dotar de las estructuras necesarias para lograr el objetivo que marca su título, y que contradice la propia Ley Orgánica del Poder Judicial y las reformas procesales de 2009 al reducir al mínimo la posibilidad de valorar la oportunidad de la mediación en conflictos judicializados, limitándola además a una decisión judicial pese a que los titulares expresos de la competencia somos los y las Letradas de Justicia.

En cuanto al Registro Civil, si bien no era objeto del orden del día, se nos adelantó la voluntad del Ministerio de no incurrir en una nueva prórroga de la vacatio legis de la Ley 20/2011.
En conclusión, la reunión resultó decepcionante en relación a las necesidades de nuestro colectivo y, por extensión, de la Administración de Justicia. Sin dudar de la voluntad del Ministerio de Justicia ni minusvalorar las recuperaciones de algunos derechos perdidos, y siendo conscientes de las limitaciones y las complejas circunstancias políticas actuales, consideramos necesario un impulso mayor en la acción ejecutiva general y en la relativa al Cuerpo de Letrados, único exclusivamente dependiente del Ministerio y necesario para la vertebración de la acción de la Administración de Justicia  en todo el territorio del Estado.

Según manifestó el Secretario General en un momento concreto, “las legislaciones se cambian”. La Directora General, a su vez, insistió en la necesidad de mejorar la calidad de la Administración de Justicia. Desde el SISEJ esperamos eso exactamente: políticas públicas, estrategias y cambios normativos que mejoren la calidad del servicio público de la Justicia, y la adecuación de las condiciones laborales de quienes trabajamos en ella como uno de los mecanismos para mejorar esa calidad. Seguimos dispuestos a colaborar en esta dirección, pero reclamamos actuaciones y objetivos concretos, y que el diálogo se plasme en logros tangibles. El gobierno compete al Gobierno.

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COMUNICADO ANTE LA APROBACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE IMPULSO DE LA MEDIACIÓN

Ante la aprobación en el Consejo de Ministros del Anteproyecto de Ley de Impulso de la Mediación, desde el Sindicato de Letrados – SISEJ emitimos la siguiente valoración:

1.- Valoramos positivamente la pretensión de implantar definitivamente la mediación y de incrementar su difusión y presencia en el desenvolvimiento ordinario de las relaciones jurídicas entre particulares. Sin embargo, consideramos que la finalidad real del Anteproyecto debería ser facilitar a la ciudadanía la resolución de sus conflictos a través de los mecanismos más adecuados en función del tipo de problema, sus características concretas y las circunstancias de los implicados. La mediación no es más que una de las vías que existen para resolver conflictos, y si bien es deseable que se consolide como un referente, no es suficiente.

2.- La apuesta por los mecanismos adecuados de resolución de conflictos (entre otros, la mediación, la conciliación, la negociación, la facilitación, o, en el ámbito penal, la justicia restaurativa) debería ser más ambiciosa y garantizar su carácter público y gratuito, al menos en la misma medida que el acceso a la Administración de Justicia. Para ello no basta con introducir un intento obligatorio de mediación, sino que es necesario crear las estructuras públicas necesarias, y en concreto centros especializados en la resolución de conflictos a los que la ciudadanía pudiera acceder directamente o a través de derivación en los casos en que ya se hubiera presentado demanda. Sería deseable, además, aprovechar la experiencia e implicación de otras administraciones y entidades distintas de la Administración de Justicia, como la administración municipal, la autonómica o la universidad, permitiendo su participación en estos centros.

3.- Respecto de los conflictos ya judicializados, lamentamos el tratamiento que el Anteproyecto da a la derivación, a la que se refiere como si fuera una actuación poco menos que mecánica, sin profundizar en cuestiones tan delicadas como el momento conveniente para hacerla, sus efectos en el proceso, el análisis de las circunstancias que la aconsejen, que queda al albur de la más absoluta subjetividad, o la competencia sobre la misma.

En relación con esta última cuestión, y dado que el Anteproyecto sólo se refiere al Tribunal como competente para valorar si la mediación es conveniente para solucionar un conflicto, recordamos que la Ley Orgánica del Poder Judicial otorga específicamente a los letrados de la administración de justicia competencias en materia de conciliación y mediación. Por ello nos resulta sorprendente la ausencia de referencias a los letrados de la administración de justicia en el Anteproyecto. Recordamos que las leyes procesales asignaron en 2009 la admisión de la demanda a los Letrados (antes secretarios judiciales), y por tanto, también por este motivo, debería ser competencia de este cuerpo la derivación a mecanismos adecuados de resolución de conflictos, sin perjuicio de que los jueces pudieran realizar dicha derivación en un momento procesal posterior.

La prestación de un servicio público integral y de calidad es una de las principales preocupaciones del SISEJ. Así, en nuestro 7 Congreso, celebrado en mayo de 2018, apostamos por el impulso de los mecanismos adecuados de resolución de conflictos y por el papel que los Letrados de la Administración de Justicia podríamos asumir para conseguirlo en beneficio de la ciudadanía. 

Desde el SISEJ confiamos que durante la tramitación parlamentaria se corrijan los aspectos señalados.

Comisión Ejecutiva SISEJ

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