Rafael Lafuente i Sevilla Secretario Judicial Portavoz del SISEJ

En la administración de justicia iniciamos un curso caracterizado por ser el primero tras la entrada en vigor de la Ley 13/2009, que modificó las leyes procesales de nuestro ordenamiento jurídico, con objeto de posibilitar la transformación de la Administración de Justicia y establecer las bases de una modernización que ha de culminar con la plena implantación de la Nueva Oficina Judicial (NOJ). Tras los primeros meses estamos en condiciones de realizar una primera valoración sobre su aplicación práctica.

Las reformadas leyes procesales se caracterizan por su versatilidad, siendo de aplicación en los actuales juzgados y tribunales, y al mismo tiempo, permitirán la adaptación de nuestra administración a la Oficina Judicial del siglo XXI, es decir, a las Upad y los Servicios Comunes, ya habiendo comenzado esta transformación en determinadas ciudades.

A día de hoy se debe remarcar un primer e importe avance. La aplicación de la actual legislación permite, por fin, diferenciar funciones y competencias de carácter estrictamente procesal de aquellas que implican aspectos jurisdiccionales.

Con ello se está consiguiendo descargar al personal judicial de tareas derivadas del impulso procesal (admisión de la demanda, citaciones y requerimientos, actos de comunicación, conciliaciones…) cuya responsabilidad recae ahora en los secretarios judiciales y que ha de permitir una mayor dedicación de los primeros al cometido constitucionalmente previsto, es decir juzgar y hacer ejecutar los juzgado, siendo además garantes de la tutela judicial efectiva cuando las partes en el proceso aleguen cualquier vulneración material o formal en el trámite procesal.

Por su parte, el colectivo de secretarios judiciales ha asumido en los primeros meses con suma agilidad la condición de directores procesales. La admisión de las demandas (defectos procesales, preparación de las pruebas, señalamientos de vistas…), impulso procesal, una mayor dedicación a la dirección del resto de funcionarios de las oficinas, tareas de conciliación previa, o una mejora en la atención a profesionales del derecho y ciudadanos son algunos de los aspectos que ya hemos podido observar, y que sin duda se profundizarán este curso 2010-2011, marcado lamentablemente por políticas de recorte del gasto público.

Estas nuevas responsabilidades y competencias, por fin reconocidas legalmente, son incompatibles, como siempre manifestó el SISEJ, con la permanencia del secretario judicial en las vistas, función que, ahora más que nunca, supone un grave obstáculo para la implantación de una nueva administración de justicia.

La salida de la sala de vistas.

El volumen de trabajo asumido en la mayor parte de las jurisdicciones y la necesidad de establecer mecanismos de control de proceso atendiendo las nuevas responsabilidades derivadas de las ley, está propiciando una salida gradual, pero imparable, de las secretarias y los secretarios judiciales de las salas para responder a este reto, en consonancia con la posibilidad establecida en las leyes procesales, que dejan en manos de los secretarios la presencia en la sala siempre que se cuenten con los medios adecuados para ello mediante firma electrónica reconocida u otro sistema que ofrezca garantías similares.

Frente a la opinión del resto de organizaciones de secretarios judiciales, el SISEJ ha reclamado en solitario, desde 2008 y con insistencia, la salida de los secretarios judiciales de las salas de vistas. Lo hicimos ante el ministerio de justicia, las comunidades autónomas, los grupos parlamentarios y la comisión de justicia del Congreso de los Diputados. Hoy por fin, lo que fue una posición minoritaria tan sólo hace dos años, está siendo asumida, progresivamente, por la mayor parte del colectivo.

Quienes acusaron al SISEJ de querer acabar con el secretario judicial tenían razón. Queríamos y queremos un profesional relevante en el juzgado, con capacidad de decisión y actuación, un alto funcionario que contribuya de hecho y de derecho a la mejora del servicio público, y no atrincherado bajo una función cuasi medieval como es la fe pública.

Proceso de implantación de la NOJ.

A lo largo de los próximos meses se iniciará el proceso de implantación de la Nueva Oficina Judicial en los diversos municipios donde se están desarrollando los proyectos pilotos, tanto en el territorio dependiente del Ministerio de Justicia como en las Comunidades Autónomas con competencias transferidas.

El Ministerio anunció un plan de actuación concreto para las ciudades donde en el último trimestre de 2010 se iniciará el nuevo modelo de administración de justicia. Para evitar que esta etapa de transición pueda generar una carga de trabajo excesiva se ha previsto formar a un grupo de gestores y tramitadores procesales interinos con objeto de reforzar estos partidos durante los primeros meses de puesta en marcha de los servicios comunes. Sin duda es un acierto atendiendo que esperamos que eviten colapsos innecesarios, como sucedió en el pasado con los juzgados de ejecutorias penales en determinados partidos. No podemos olvidar que el éxito de la NOJ será un trabajo de equipo, donde todos seremos relevantes.

Por tanto esperamos poder realizar una valoración positiva al final de este “año judicial” sobre las experiencias en ciudades de la primera fase donde se encuentra pendiente de resolución el concurso de méritos respecto al cuerpo de secretarios judiciales para asumir las funciones en los SCOP y/o las UPAD (Logroño, Melilla, Cáceres, Palma…) e incluso de la segunda (Mérida o León).

La aprobación de las relaciones de puestos de trabajo de Euskadi para partidos pequeños o medianos (Amurrio, Irún, Eibar…) también es una buena noticia, que supone una concreción de la nueva estructura, así como los pasos dados en Catalunya para iniciar la implantación de los SCOP en 2011 en partidos medianos, junto al avance del programa de tramitación e-justícia que ha de conllevar la generalización del expediente informático.

Las CC.AA con competencias transferidas en justicia ratificaron en València el pasado julio su compromiso con la Nueva Oficina Judicial, aunque sería deseable que el impulso iniciado por el Ministerio y algunos Departamentos de Justicia fueran generalizados. Desafortunadamente no está siendo el caso, pero cabe esperar avances significativos en los próximos meses, siendo la inactividad de algunas Comunidades Autónomas preocupante para el servicio público que constituye la justicia.

Seguir cambiando.

Durante la tramitación de la Ley 13/2009 insistimos en que las y los secretarios judiciales teníamos sobrada capacidad para asumir las competencias atribuidas por el proyecto de ley, por una parte porque muchas de ellas ya venían siendo realizadas por nuestro colectivo, y por otra por nuestro convencimiento de que los compañeros y compañeras asumiríamos las nuevas capacidades directivas desde la relevancia profesional que ello supondría y la incidencia positiva que nuestro nuevo papel tendría en la nueva estructura este servicio público.

Pero estas nuevas responsabilidades deben suponer además adaptar la situación del colectivo a la nueva realidad profesional.

Resulta urgente superar la alarmante situación de interinidad largamente denunciada por nuestro sindicato, convocando todos los sistemas de acceso al cuerpo, sin olvidar la imperiosa necesidad de consolidación de los secretarios judiciales sustitutos que legalmente prevé nuestro reglamento orgánico.

Las nuevas oficinas requieren estabilidad de todos sus integrantes, pero especialmente de quienes vamos a desarrollar labores de dirección y coordinación. Lejos de buscar soluciones quizás adecuadas para otros colectivos, los servicios comunes poco tienen que ver con los antiguos juzgados y, como hemos insistido, las funciones del secretario judicial vinculadas con la dirección procesal precisan de medidas que garanticen estabilidad y permanencia en el empleo.

Íntimamente ligado a ello debe superarse el sistema de oposiciones que retrasa injustificadamente el acceso a nuestra profesión, condenando a largos años de preparación, basado en el sistema memorístico, en clara disonancia con las necesidades profesionales que precisa la ciudadanía para obtener un servicio público óptimo. La reforma del reglamento orgánico que se está debatiendo con las organizaciones de secretarios podría ser un momento adecuado para plantear estas adaptaciones.

También vinculado a esta conversión se debe seguir avanzado en formación continuada, apostando por los sistemas de e-learning y on line ya presentados por el Ministerio, no sólo para secretarios judiciales sino también para el resto de los integrantes de la oficina.

Las nuevas responsabilidades decíamos al principio, han sido asumidas con decisión por nuestro colectivo e insistimos en que esta experiencia, llevada ya a cabo en otros países, será positiva para el conjunto de nuestra sociedad. Sin embargo la situación de crisis socio-económica ha supuesto, en un momento de transformación laboral del colectivo de secretarios judiciales, no ha posibilitado la adecuación salarial que las nuevas funciones deberían haber conllevado, equiparándolo al de otros altos funcionarios, sino que, como el resto de funcionarios ha existido una rebaja salarial.

Por ello esperamos que exista por parte del Ministerio un reconocimiento expreso y adecuado que permita abordar en el futuro las condiciones económicas de los secretarios judiciales, atendiendo a la transformación en directores procesales.

Decía Mario Benedetti que “el futuro es lento, pero viene”. Así ha sucedido con la Nueva Oficina Judicial y el proceso de modernización de nuestra administración, pero ha llegado y queremos que sea para quedarse.

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