LA REFORMA DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL POR LA LEY DE MEDIDAS DE AGILIZACIÓN PROCESAL EN DIECISÉIS PUNTOS

Por Francesc-Xavier Rafí i Roig, Secretario Judicial

Miembro de la Comisión Ejecutiva del Sindicato de Secretarios Judiciales

La Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal publicada en el BOE del 11 de octubre y con una Disposición Final que establece la entrada en vigor de la misma a los 20 días de su publicación oficial reforma, con el ánimo y espíritu de mejorar el servicio público que de la Administración de Justicia recibe el ciudadano, la Ley de enjuiciamiento criminal, la de enjuiciamiento civil, la Ley de jurisdicción Contencioso-Administrativa así como la Ley de Venta a Plazos de Bienes Muebles.

Este artículo pretende, por una parte, sintetizar las reformas que afectan a la Jurisdicción civil y, por otra, abrir puntos de debate para reflexionar sobre las cuestiones que pueden aparecer en la aplicación práctica de estas reformas.

Para empezar, resumir que las novedades introducidas en materia procesal civil son dieciseis :

 

1º.- La inclusión de la Tasa Judicial como concepto propio de costas procesales.

Se acaba con ello con los diferentes posicionamientos jurisprudenciales que han recaído sobre este particular. Los Secretarios Judiciales hemos tenido que ir variando el criterio de inclusión o no de tal concepto en la práctica de la tasación de Costas en función de los cambios jurisprudenciales que las respectivas Audiencias Provinciales han ido sosteniendo. Por fin, y por imperativo legal, ya no quedará duda de que la Tasa abonada por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en el orden civil deberá incluirse en una eventual condena en costas.

2º.- Se acoge expresamente al arrendamiento de bienes muebles en el proceso verbal.

Aparece tanto en el artículo 250.11 como en el artículo 439.4 y en el 441.4. Ya tenemos un arrendamiento de bienes más que se encauza en la tipología de los juicios declarativos verbales.

Consecuentemente con esta reforma se modifica también la Ley 28/1998, e 13 de julio, de Venta a Plazos de Bienes Muebles para dar entrada a los arrendamientos de bienes muebles en el apartado séptimo de la disposición adicional primera.

 

3º.- La obligación del Procurador de realizar los actos de comunicación y otros actos de cooperación con la Administración de Justicia que en interés de su representado así se acuerde por el secretario Judicial.

Es interesante detenerse también en esta nueva previsión. Y es importante, a mi modo de ver, examinar cual ha sido el trayecto parlamentario de la misma.

A nadie se le escapa que en los últimos tiempos la figura que más se ha puesto en tela de juicio por los gastos que genera en relación al beneficio y agilización procesal que permite dentro de la Administración de justicia ha sido, precisamente, la figura del Procurador de los Tribunales. El sistema de notificaciones vía Lexnet permite, en jurisdicciones distintas a la civil notificar a otros colaboradores diferente de los Procuradores y se ha querido ver en ello un paso más hacia la prescindibilidad de esta figura al menos  de forma preceptiva, otro paso importante en este sentido lo fue elevar de 901  a 2001 euros la cantidad a reclamar para que sea preceptiva la representación por este Profesional.

Ante este panorama el legislador ha querido confiar en la experiencia y buen hacer acreditado durante tantos años por los Procuradores de los Tribunales y ha introducido una novedad importante que, de haberse regulado mejor desde un punto de vista técnico, no abocaría a situaciones potencialmente incómodas entre el Secretario judicial y el referido profesional.

La confianza en el Procurador como colaborador apto con todas las garantías para el justiciable para la realización de actos de comunicación y cooperación con la Administración de Justicia alcanza, tras la reforma del artículo 26.8º de la LEC, un nuevo eslabón de protagonismo en tanto en cuanto podrá ser ordenado, durante la tramitación del procedimiento,  por el Secretario Judicial la práctica de actos de comunicación que, hasta el momento, suelen recaer en los servicios comunes procesales, particularmente en la figura del Auxilio Judicial.

El proyecto de ley de reforma que se presentó en el Congreso ya incluía esta novedad pero fue posteriormente en las enmiendas del Senado en donde ganó, a mi modo de ver, carta de naturaleza al delimitar esa previsión general del artículo 26 a supuestos concretos. Así por ejemplo, se incluía en el art. 152 estableciendo que los actos de comunicación se ejecutarán por los funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial o por el Procurador de la parte que así lo solicite, o en los casos en que en interés de aquélla, así se acuerde en el transcurso del procedimiento judicial; en el artículo 156 en donde se posibilitaba que el Secretario Judicial autorizara al procurador para que pudiera utilizar los medios oportunos (como dirigirse a Registros, Colegios profesionales, entidades o empresas)  para  averiguar el domicilio de la parte demandada; o en el artículo 161 y 163 que ordenaban, al Procurador que practicara el acto de comunicación que le hubiere sido encargado por el Secretario Judicial, y a averiguar si el destinatario del mismo reside en el domicilio señalado. Ninguna de estas concreciones introducidas por el Senado ha visto finalmente la luz. Así pues, una de las incógnitas que pueden desembocar en arbitrariedad es saber cuáles han de ser los actos de comunicación cuya ejecución puede serle encomendada al Procurador por el Secretario judicial en interés de su cliente.

La otra incógnita que plantea la nueva previsión es cuál ha de ser la consecuencia jurídica del incumplimiento de la orden dada por el Secretario Judicial al Procurador de practicar directamente el acto de comunicación, entiendo absolutamente desproporcionada la advertencia de incurrir en un supuesto de desobediencia grave a la Autoridad y, desde luego, tampoco el de tener por precluído el trámite o imponerle multas coercitivas. Nuevamente, se impone buscar entre los profesionales que día a día trabajamos en las oficinas judiciales aquél entendimiento que permita agilizar la Administración de Justicia por haber diseñado, el legislador, una previsión genérica vacía de contenido.

 

4ª.- Se extiende la técnica del proceso monitorio a los juicios de desahucio por falta de pago.

Quizá este extremo sea el más llamativo de esta enésima reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Su finalidad es clara, agilizar la entrega de la posesión al propietario del inmueble que es una finalidad totalmente loable. Pero, a mi modo de ver, la técnica legislativa podía haberse depurado un poco más. Establece el nuevo apartado 3 y 4 del artículo 440 que en los supuestos en los que se ejerza una acción de desahucio por falta de pago de las rentas o cantidades debidas ya sea acumulando o no la pretensión de condena al pago de las mismas que el secretario judicial, además de acordar el señalamiento, la citación y el resto de avatares que podían surgir tal y como lo hacía hasta ahora, deberá requerir al demandado para que en el plazo de diez días desaloje, pague al actor o comparezca para oponerse. La sanción es clara. De no realizar ninguna de estas acciones el Secretario Judicial dictará decreto dando por terminado el juicio de desahucio y dando traslado al demandante para que inste el despacho de ejecución.

Entiendo, que se ha querido implantar la técnica monitoria al clásico Juicio de Desahucio por falta de pago de las rentas y reclamación de las impagadas, sin embargo y dando como buena la idea originaria, no se han tenido en cuenta o, por lo menos, no se les ha dado una solución clara, a las siguientes cuestiones que pueden crear problemas :

a)     El Secretario Judicial en el decreto que pondrá fin al Juicio no podrá condenar en costas. A diferencia de lo preceptuado para el proceso monitorio en donde se reclaman cantidades debidas a la Comunidad de propietarios, en el monitorio “clásico” y ahora en el desahucio el legislador no introduce la posibilidad de condenar en costas al demandado, por lo tanto, de facto, los gastos para recuperar su vivienda en los supuestos de desahucios “en rebeldía” serán asumidos por el propio actor.

b)    El Secretario judicial en el decreto dará por terminado el juicio de desahucio y dará traslado para que el demandante inste el despacho de ejecución pero no establece nada la Ley de si declarará resuelto el contrato de arrendamiento ni tampoco si debe condenar al pago de las rentas debidas. Ello crea obvias dudas. Por señalar las que creo de mayor impacto son : ¿en ejecución de sentencia se lanzará a un inquilino con un contrato no resuelto, es decir, en vigor?, ¿se podrá despachar ejecución por las cantidades debidas como si se tratara de una ejecución de condena dineraria?¿cuál sería entonces el título de ejecución? o ¿se podrán reclamar también las rentas que venzan durante el proceso?. En fin, la dicción literal del artículo lleva a confusiones que deberán ser aclaradas doctrinal o jurisprudencialmente. Una solución va a poder ser que el ciudadano deje de acumular ambas acciones en un mismo proceso.

c)     Contra el decreto dictado por el Secretario Judicial, al poner fin al procedimiento, debe entenderse susceptible de recurso de revisión directa. La duda que crea este extremo es si no merma las garantías del justiciable (finalidad pretendida por el legislador en la propia exposición de motivos de la reforma) que solo sea necesario para recurrir presentar el depósito de 25 euros o hubiera sido recomendable introducir la previsión establecida en el artículo 449 de la Lec de manifiestar el demandado, acreditándolo por escrito, tener satisfechas las rentas vencidas y las que con arreglo al contrato deba pagar adelantadas.

Desde luego, surgen otros interrogantes sobre la aplicación práctica de este artículo pero no es mi intención aglutinarlas todas sino dejar anunciadas las más llamativas para reflexionar sobre ellas.

5º Se excluye el recurso de apelación en los juicios verbales por razón de la cuantía cuando esta no supere los 3.000 euros.

Esta novedad, introducida en el artículo 455 de la Lec, se intenta justificar por el colapso de algunas secciones de las Audiencias Provinciales así como por el aumento de la litigiosidad debido a la crisis económica que se está sufriendo desde hace años.

Respecto a esta novedad solo quiero hacer, a título personal, dos puntualizaciones. La primera de ellas es que, aproximadamente el 70% de las demandas (juntando procesos monitorios y nuevos desahucios con técnica monitoria) presentadas en una Oficina judicial son procedimientos que potencialmente van a finalizar con una resolución (el Decreto) que no es susceptible de apelación. Y la segunda, es que ya en la última reforma procesal civil se reformó el artículo 82.2.1 de la LOPJ en el sentido de establecer que para el conocimiento de los recursos contra resoluciones de los Juzgados de Primera Instancia que se sigan por los trámites del juicio verbal por razón de la cuantía, la Audiencia se constituirá con un solo Magistrado, mediante un turno de reparto. Así pues, la ecuación de cercenar el derecho del ciudadano a una segunda instancia en este tipo de procedimientos para evitar un mayor colapso de las secciones de las respectivas Audiencias Provinciales no parece arrojar como resultado el pretendido en la exposición de motivos de la Ley de conseguir “mejoras que permitan agilizar los distintos procedimientos, sin merma de las garantías para el justiciable”.

Por último, baste recordar que en el trámite parlamentario del Senado se suprimió esta reforma pero nuevamente el Congreso la recuperó en la votación final. No parece muy oportuno dar luz verde a cercenar este acceso a la segunda instancia (concepto básico de nuestra tradición procesal civil) cuando ni ambas Cámaras tienen un posicionamiento común.

6º.- Se suprime el trámite de preparación de los recursos devolutivos y se modifican las resoluciones recurribles en casación por la cuantía.

Respecto a la supresión del trámite de preparación del recurso de apelación para establecer, en el artículo 458 de  la Ley Rituaria, la directa interposición (sin anuncio previo) en el plazo de veinte días, a mi modo de ver, es un aspecto positivo de la reforma. Precisamente el trámite de preparación había sido árduamente criticado por la Doctrina por no significar en el fondo más que un anuncio de la intención de recurrir la resolución. Era un trámite que básicamente dilataba la tramitación del recurso de apelación en las oficinas judiciales y que, principalmente, se había convertido en un elemento que permitía la obtención de fondos destinados a la modernización de la Administración de Justicia ya que requería, junto al escrito de preparación, la presentación en la cuenta del Juzgado el depósito instaurado en la L.O. 1/2009. Claramente, la desaparición de este trámite implica la reducción de ingresos y, en consecuencia, de presupuesto para la implantación de la nueva Oficina Judicial.

El recurso extraordinario por infracción procesal sigue el mismo nuevo esquema que el de apelación desapareciendo el trámite de la preparación y resumiéndose en la interposición directa en el plazo de veinte días, emplazamiento, admisión, vista en su caso y resolución.

Otras modificaciones relacionadas con la desaparición del trámite de preparación son la reforma del artículo 527 de la Lec referido al momento en que puede pedirse la ejecución provisional y del artículo 535 en el mismo sentido.

Respecto a las resoluciones recurribles en casación por la cuantía se aumenta a 600.000 euros la necesaria para acceder a este tipo de tutela judicial a no ser que la resolución el recurso presente interés casacional. Tampoco esta reforma fue aceptada en el trámite parlamentario el Senado ya que fue totalmente suprimida.

Se modifica el artículo 454.bis aclarando que la reproducción de la cuestión resuelta ya por el Decreto que desestima o estima el recurso de reposición interpuesto contra una resolución del Secretario Judicial deberá realizarse, necesariamente, en la primera audiencia ante el tribunal tras la toma de la decisión. El anterior redactado inducía a error.

Por último, se modifica también el artículo 563 de la LEC al variar el régimen de recursos que caben contra la resolución dictada por el Secretario Judicial acordando actos contradictorios con el título ejecutivo judicial. Hasta esta reforma, cabía recurso directo de revisión. A partir de esta modificación cabe recurso de reposición, recurso de revisión contra lo resuelto en reposición y, si fuera desestimado el recurso de revisión, recurso de apelación. 3 recursos contra una misma decisión. A bote pronto, parece una incongruencia conceder tantos medios de impugnación sobre una decisión del trámite de ejecución y suprimir la apelación contra una resolución que pone fin a todo un procedimiento como el declarativo verbal de cuantía inferior a 3.000 euros.

7º. Se amplían los motivos de oposición a la ejecución.

Se incluyen como tales en el artículo 556 la caducidad de la acción ejecutiva, y los pactos y transacciones que se hubieran convenido para evitar la ejecución siempre que consten en documento público.

8º. Se precisa la forma en que la ejecución hipotecaria pasa a convertirse en general.

Se modifica el artículo 579 de la Lec. El comentario de este artículo reformado se centrará en un punto de vista técnico-procesal dejando de lado las distintas opciones políticas e ideológicas que el Legislador, en el  dramático momento económico por el que se está atravesando, podía haber aprovechado para paliar con mayor valentía que la demostrada hasta esta reforma el desatino que supone la posible concatenación en el tiempo de ambas ejecuciones.

Han existido tradicionalmente dos posicionamientos doctrinales respecto a la práctica forense de la interpretación de lo preceptuado en este artículo 579. Por un lado, y probablemente de forma mayoritaria se ha entendido que con un simple escrito solicitando la prosecución de la ejecución hipotecaria como ordinaria bastaba para, en el mismo procedimiento hipotecario, seguir ejecutando los bienes del deudor así como los fiadores o avalistas, en su caso. Otra interpretación del artículo 579 avalada por la propia finalidad teleológica del referido precepto así como el respeto a las disposiciones comunes de toda ejecución postulaba la necesidad, en caso de solicitar la prosecución de la ejecución especial como ordinaria, de finiquitar el procedimiento hipotecario (que iba dirigida contra determinados bienes) y despachar una nueva ejecución ordinaria (dirigida contra todo el patrimonio de los responsables) que únicamente podía seguir los trámites de las ejecuciones de títulos no judiciales puesto que no existe ningún título judicial a ejecutar.

Finalmente, el legislador, ha clarificado en parte la situación optando, a mi modo de ver, por esta segunda opción al permitir al ejecutante pedir “el despacho de la ejecución” por la cantidad que falte y contra quienes proceda, abriendo así la puerta en ese momento procesal al despacho general de ejecución de títulos no judiciales con sus propias garantías de oposición para el ejecutado, todo ello, con respeto a la ordenación impuesta por el reglamento 2/2010 del CGPJ en aquéllos territorios en donde el sistema de gestión procesal así lo permitan.

9º. Las tercerías de dominio o mejor derecho se sustanciarán por los trámites del juicio verbal con independencia de su cuantía.

Aunque con una diferencia entre ambas. Si bien la de dominio se sustancia directamente por los trámites previstos para el juicio verbal, la de mejor derecho, aunque también remitiéndose a los trámites del juicio verbal, preceptúa una contestación de los demandados por escrito en el plazo de veinte días.

10º.- Se suprime la posibilidad del ejecutante de adjudicarse el bien mueble por cantidad inferior al 30 por ciento de valor de tasación.

En la última reforma de la Lec en julio de 2011 ya se modificó el artículo 670.4 en este sentido aunque ajustado, en aquella ocasión, al 60 por ciento del valor por el que el bien hubiera salido a subasta, pero olvidaron adecuar el artículo 651 a la misma filosofía que había orientado aquél cambio. Ahora se adecúan ambos preceptos aunque referidos cada uno de ellos a bienes de diferente natural

 

11º.- Se puntualiza y clarifica la regulación de las medidas cautelares en el caso de sentencias absolutorias que sean recurridas.

El problema radicaba en que cuando la sentencia absuelve al demandado (ya fuere en primera o segunda instancia) se alzan las medidas cautelares adoptadas pero el demandante podía solicitar el mantenimiento de las mismas o la adopción de otras nuevas. El antiguo artículo 744 no establecía ni el momento de solicitarse este amparo ni el momento de resolver sobre tal petición por el tribunal. Ahora, con la reforma del artículo 744 de la LEC se fija como momento para solicitar ese mantenimiento o adopción el de interposición del recurso contra aquélla sentencia y el Tribunal decidirá con anterioridad a remitir los autos al órgano competente para resolver el recurso.

12º.- Se determinan legalmente como preferentes los procesos sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores siempre que alguno de los interesados sea menor, incapaz o esté en situación de ausencia legal.

A aquello que venía siendo aplicado en las Oficinas judiciales de forma consuetudinaria se le otorga ahora carta de naturaleza legal. Se positiviza en el nuevo artículo 753.3 de la LEC la tramitación preferente de estos procesos cuando alguno de los interesados sea menor, incapaz o esté en situación e ausencia legal.

13º.- Se suprime el límite cuantitativo del proceso monitorio.

Tras tantas reformas legales aumentando la cuantía máxima por la cual puede acudirse al proceso monitorio (de 30.000 euros a 250.000 euros), finalmente se ha optado por un proceso monitorio sin límite máximo de cantidad. Esta reforma supone otro paso más hacia el verdadero monitorio que es el puro. Dado que el proceso monitorio es, hoy por hoy, el tipo procedimental más utilizado en las oficinas judiciales para crear un título de ejecución y dado que este tipo de procedimiento es admitido, tramitado y resuelto por el Secretario Judicial, considero acertada la reforma que supone un plus más de confianza en el perfil procesalista del Director de la oficina judicial.

14º.- La Disposición Adicional sexta. Adjudicación de bienes inmuebles diferentes a la vivienda habitual del deudor.

Esta nueva disposición ha sido introducida por el Senado y acogida por el Congreso. En síntesis, supone una “vuelta a las andadas”. Es decir, a una redacción que recuerda la antigua, y tan mediática en el momento actual, del artículo 671 de la LEC ya que lo que prevé esta nueva disposición es que cuando el bien inmueble que  se subaste no sea la vivienda habitual del deudor, pueda el acreedor adjudicársela, en caso de no existir postores, por cantidad igual o superior al 50 por ciento de su valor de tasación o por la cantidad que se le deba por todos los conceptos.

También cuando la mejor postura ofrecida (estaríamos ahora en el supuesto el artículo 670.4) sea inferior al 70 por ciento del valor por el que el bien hubiera salido a subasta y el ejecutado no hubiera presentado postor, podrá el acreedor pedir la adjudicación del inmueble por el 70 por ciento o por la cantidad que se le deba por todos los conceptos, siempre que esta cantidad sea superior a la mejor postura.

A mi modo de ver, esta disposición implica un retroceso importante en los impulsos que se supone que el legislador estaba intentando dar para reactivar el mercado y evitar el sobreendeudamiento de las personas sujetas a un procedimiento de ejecución en donde se subastaban inmuebles de su propiedad. Ese retroceso se observa ya en la redacción del primer párrafo en donde ni siquiera se fija en el 50 por ciento del precio de tasación la cuantía mínima por la que el acreedor va a adjudicarse el bien inmueble sino en “la cantidad que se le deba por todos los conceptos” que, evidentemente, puede ser muy inferior a ese 50 por ciento. No creo que haya sido un olvido del legislador el hecho de no haber añadido a la posibilidad de que el acreedor se adjudique el inmueble “…por la cantidad que se le deba por todos los conceptos” la adición “…, siempre que esta cantidad supere aquél porcentaje” como sí se establece en el reformado artículo 651 segundo párrafo. Más bien parece toda una declaración de intenciones.

Esta nueva disposición además, lejos de aclarar, enturbia más aún la discusión doctrinal sobre si “el valor por el que el bien hubiera salido a subasta”, propio del artículo 670 de la LEC,  y “el valor de tasación”, propio del artículo 671 del mismo cuerpo legal se refieren al mismo concepto. Aunque dicha discusión no es propia de este trabajo si apunto que, en mi opinión, gana fuerza aquélla doctrina que entiende que ambos artículos se refieren a distintas cuantías siendo el primero de ellos referido a la cantidad una vez liquidadas las cargas conforme al artículo 666 dela LEC y la segunda referida al valor de tasación pactado o peritado sin descontarse carga alguna conforme al mencionado artículo.

15º.- Régimen transitorio en materia de recursos extraordinarios.

Simplemente se suprime del redactado de la ya conocida disposición final decimosexta en materia de régimen transitorio de los recursos extraordinarios toda nomenclatura referida a la preparación de lo mismos que ha sido suprimido en esta reforma procesal.

16º.- Nomenclatura de artículo 517 y 548

Sin más importancia que la de ajustarse al lenguaje introducido por la Ley 13/2009 se suprime la locución “resoluciones judiciales” por la de “resoluciones procesales”.

En el artículo 548 de incluye la referencia a la necesidad de firmeza de las resoluciones ejecutables para poder despachar ejecución tras haber transcurrido el plazo de veinte días.

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5 respuestas a LA REFORMA DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL POR LA LEY DE MEDIDAS DE AGILIZACIÓN PROCESAL EN DIECISÉIS PUNTOS

  1. P Saez dijo:

    En primer lugar me gustaría agradecer a nuestro compañero Xavi este magnifico estudio.

    Además de ello quiero comentaros mis propias reflexiones sobre uno de los procesos objeto de nueva regulación, en concreto los juicios de desahucio:

    La nueva redacción del art. 440 establece que el requerimiento al demandado debe practicarse en la forma prevista en el art. 161, es decir, mediante entrega al destinatario de la copia de la resolución o de la cédula en su domicilio o en la sede del tribunal, excluyendo la posibilidad de remitir tal comunicación por correo o telegrama con acuse de recibo, esta regulación resulta coherente con la grave sanción que va a llevar aparejada la inactividad del demandado (si no paga o se opone se va a proceder a su lanzamiento), pero es más que plausible que esta forma de comunicación, no vaya suponer una agilización, sino, probablemente, un mayor retraso; el funcionario de auxilio tendrá que acudir al domicilio, quizás en más de una ocasión si es que en la primera no encuentra a nadie en el mismo. Parece que el legislador no ha sido consciente de que, en un gran numero de casos, una de las actuaciones cuya practica resulta más laboriosa y que da lugar mayores dilaciones es la de los actos de comunicación, a ello cabe añadir un mayor coste para el erario público, si se hace necesario acudir personalmente (tal vez en varias ocasiones) al domicilio de las partes, eso supone un importante gasto en tiempo y en dinero.

    Por otro lado la propia remisión del art. 440 al art. 161, relativo a la practica actos de comunicación en forma personal, el cual establece que, caso de no hallar al destinatario en el domicilio, si no puede conocerse su domicilio por manifestación de las personas que puedan ser consultadas en el momento de practicar la diligencia, debe procederse de conformidad con lo establecido en art 156 (averiguación de domicilio), deja sin contenido el último párrafo del art. 164 (añadido por Ley 19/2009, de 23 de noviembre, de medidas de fomento y agilización procesal del alquiler y de la eficiencia energética de los edificios) que permitía acudir, sin más trámite, a la citación por edictos cuando al demandado no se le pudiera citar en el inmueble arrendado o en el domicilio señalado en el contrato. No es que me parezca mal la nueva regulación, en mi opinión es preferible que se intente la averiguación antes de acudir a los edictos, en cualquier caso, todavía más si puede llegarse a lanzar al demandado tras la práctica de una sola comunicación, pero no deja de ser una muestra más de defectuosa técnica legislativa, más aun si pensamos que en menos de dos años, dos leyes, ambas con las palabras “agilización procesal” incluidas en su título, establecen una normativa diferente y se olvidan de depurar las normas contradictorias.

  2. mercedes dijo:

    por favor alguien me puede decir si hay un plazo establecido por ley donde tanto el procurador y/o abogado, han de notificar al cliente la resolucion, en cuanto se ha emitido una sentencia de medidas cautelares???
    Tienen obligacion por ley de hacèrsela llegar a su cliente inmediatamente o pueden tardar los dias que quieran??
    gracias

  3. Maria dijo:

    Quisiera saber que importe económico pueden suponer la condena en costas en un procedimiento de liquidación de bienes gananciales. No tengo justicia gratuita.

    Gracias.

  4. carmen dijo:

    quiciera saber de la ley 19856 si me explicaran orespondieran seria de mucha utilidad agradecida carmen

  5. Concepcion del Bosque dijo:

    Quisiera saber desde que fecha es la ultima ley de enjuiciamiento civil en pleitos de familia respecto a a la midificacion de medidas

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