Por Isidor García Sánchez, Abogado
Artículo publicado en revista “Consumidors” y en el blog de la Plataforma ciudadana por una justicia de todos
Desde el momento en que se me ofreció la posibilidad de redactar unas líneas para hablar de la nueva tasa que el Gobierno de la Generalidad de Cataluña implantará en la Administración de Justicia en Cataluña hasta la fecha en que redacto estas líneas tengo que reconocer que he ido percibiendo un cierto estado de opinión que progresivamente va creciendo en contra de esta medida. Aún así, considero que los usuarios del servicio público de la Justicia en este país -que, por cierto somos o podemos llegar a serlo todos! – no saben las consecuencias que puede comportar. Por eso manifiesto abiertamente que desearía que estas palabras sirvieran para remover las conciencias de todos.
La Administración de Justicia es un servicio público que ofrece a los ciudadanos la garantía de sus derechos. Lo digo por si alguien pensara que la Justicia es materia reservada a jueces, fiscales, secretarios judiciales, abogados, procuradores y más gente de esta clase. No, digámoslo claro!. Es un servicio universal y esencial. La progresiva implantación de tasas como la que comentaré y como la que también piensa “ampliar” el Estado no son sino un conjunto de “minas antipersonas” que pueden acabar dinamitando el propio concepto del Estado de Derecho.
Debemos advertir que las tasas en el ámbito de la Administración no son nuevas. Curiosamente aparecieron y estuvieron vigentes durante el franquismo, concretamente hasta que en 1986 se suprimieron por una Ley (la Ley 25/1986, de 24 de diciembre), que manifestaba en su preámbulo la necesidad de garantizar que la justicia y la igualdad no quedaran limitadas “por la situación económica o la condición social de las personas”. Al parecer este país comenzó pronto a perder la memoria y llegado el año 2002 (en virtud de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre), aprobó las tasas que actualmente son exigibles en todo el Estado. Sin embargo, hay que decir que las personas físicas y las entidades de reducida dimensión quedaron exentas de pagar esta tasa y que su aplicación afecta a algunos juicios civiles y contencioso administrativos.
Llegado el año 2012, la política economicista neo-conservadora lo justifica todo a costa de salvar el déficit público y el Gobierno de la Generalitat promueve y consigue aprobar una Ley (la 5/2012, de 20 de marzo) que, bajo un título suficientemente engañoso (“de medidas fiscales, financieras y administrativas y de creación del impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos”), desglosa una serie de tributos – no sólo el turístico- desgraciadamente conocidos por todos los consumidores y usuarios (como el llamado “euro farmacéutico”). Entre otros, incorpora una tasa ”catalana” por los servicios de la Administración de Justicia, de forma que los ciudadanos de Cataluña se encuentran premiados con la “doble imposición”: pagar a la vez la tasa estatal y la catalana. Doble imposición, porque si ya tienes que pagar por ”el ejercicio de la potestad jurisdiccional de los jueces” (tasa estatal) ahora pagarás también en los mismos procedimientos por “la prestación de servicios personales y materiales” de la oficina judicial (tasa catalana ). Como si el juez o tribunal pudiera hacer cumplir sus resoluciones sin la oficina judicial o ésta pudiera resolver sobre los derechos de los ciudadanos sin la intervención del juez o tribunal!.
Pero, además, entre otros sellos de identidad la tasa “catalana” afectará a partir de la fecha del 1 de mayo (ironías del destino, gravamen para los trabajadores) a todas las personas físicas que no tengan derecho a la asistencia jurídica gratuita. Al margen del efecto llamada que podría comportar – porque algunos ciudadanos intentarán conseguir como sea la justicia gratuita- ni el propio Gobierno sabe si hará caja y recaudará lo que espera o se encontrará a la larga con un agujero en que lo recaudado lo acabará volviendo a gastar en justicia gratuita.
Aún debemos advertir de otro aspecto que repugna al Derecho y al propio concepto de Estado de Derecho: las ejecuciones de sentencias civiles (superiores a 6.000 €) pagarán tasa. Si todo el mundo tiene la obligación de cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales y colaborar en la ejecución de lo resuelto (al menos eso dice la Constitución), ahora resulta que tendremos que pagar para que pueda ejecutarse el derecho que nos ha sido reconocido (por cierto, después de ya haber pagado por reclamarlo).
Y por si no teníamos bastante, el Gobierno del Estado ya anuncia una reforma de la tasa estatal, de forma que ampliará el pago (como en la catalana) a todas las personas físicas que no tengan derecho a la asistencia jurídica gratuita , subiendo -además- el importe de las cuotas entre un 30 y un 100% de su importe actual y, por si fuera poco, haciendo pagar por los recursos en la jurisdicción social (que ahora no se contemplan). Eso sí, mientras tanto proclaman su voluntad de promover la mediación. Nos tendremos que preguntar si no juegan a una justicia para los pobres (a la que no dotan de la organización adecuada y que mantienen bajo mínimos para cubrir las formas con los que tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita) y otra para los que se la puedan pagar. Y, sobre todo, lo que se trata es que parezca que eso de pagar impuestos no sirve para nada, porque al final cualquier servicio público acabará teniendo su tasa.
En suma, llegados a este punto, nos corresponde decidir cuál es nuestro lugar y si tenemos que defender que la Justicia sea efectivamente para todos. Si como ciudadanos defendemos otros servicios públicos esenciales como la educación o la sanidad, no podemos olvidar la justicia, porque es la que garantiza la paz social.
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Supongo que la gran mayoría de los ciudadanos de este país poco imagina la repercusión de estas medidas y se darán cuenta cuando ya estén instaladas en nuestra vida cotidiana, no porque no les interesen, sino porque la preocupación por el paro y la supervivencia diaria les impide una visión más amplia del campo de los recortes. Personalmente pienso que los que salen perdiendo es la “clase media” (por llamarlo de alguna manera) que somos la gran mayoría, porque si no se tiene recursos se podrá acudir a la justicia gratuita; si tienes recursos en cantidad, no te preocupas de las tasas (tienes para pagarlas); pero el que está en medio, el que tiene recursos moderados, pero está justo por encima del límite de la justicia gratuita, es quien se le merma la defensa de sus derechos…volverá a estar indefensos porque el Estado solo protegerá a los sin recursos y pisoteados porque los pudientes son los únicos que podrán “pagar” la defensa de sus derechos. No vamos bien….sinceramente, creo que se ha perdido el norte con tanto recortar….se debería buscar otras alternativas que no recortaran tanto los derechos que nos ha costado tanto conseguir.
Las tijeras no paran, la derecha española y la catalana hablan el mismo idioma: el neoliberal occidental.
A ello se suma quienes defienden las tasas para soportar menos trabajo y quitarse de encima los “asuntos sin importancia” que suelen ser los de quienes menos recursos poseen.
Bravo por el artículo y su autor.