Convocatoria de concurso de traslado de Letrados de la Administración de Justicia

El Boletín Oficial del Estado de 10 de noviembre de 2017 publica la Orden Ministerial 1085/2017 por la que convoca concurso de traslado ordinario para el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia. El texto con las plazas ofrecidas y demás requisitos de participación, en este enlace.

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El Ministerio de Justicia excluye al Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia de reuniones sobre Registro Civil

Desde el SISEJ queremos denunciar un nuevo paso en la falta de diálogo institucional y sindical protagonizado por el Ministerio de Justicia.

Según hemos tenido conocimiento, el Ministerio de Justicia, y en concreto la Secretaria de Estado, Carmen Sánchez-Cortés, y el Secretario General de la Administración de Justicia, Antonio Dorado Picón, han venido convocando y celebrando las semanas pasadas una ronda de reuniones individuales sobre la próxima y eventual reforma de la Ley 20/2011 del Registro Civil.

Recordemos que la entrada en vigor de la Ley del Registro Civil, cuya entrada en vigor estaba prevista para 2014, sufrió sucesivas prórrogas ampliadas posteriormente hasta junio de 2018, dado que el Ministerio de Justicia no había preparado ni impulsado el complejo cambio que la Ley suponía, sobre todo en los planos organizativo y tecnológico. Ante esta inactividad, la propuesta del Ministerio de Justicia consistió, hace un año, en una modificación que desnaturalizaba la reforma del Registro Civil, manteniendo su funcionamiento prácticamente en los términos actuales, a excepción de la supresión de las plazas judiciales en el mismo, a lo que desde el SISEJ nos opusimos radicalmente, posicionándonos en defensa de la Ley 20/2011.

A menos de ocho meses de la entrada en vigor definitiva de la Ley, los trabajos preparatorios continúan sin desarrollarse al ritmo que requiere la reforma del Registro Civil. Pese a ello, y pese a la gravedad de la situación, el Ministro de Justicia, que habla de “falta de consenso profesional” y “social” en la Ley 20/2011 del Registro Civil, aprobada en su momento por unanimidad de los grupos parlamentarios, inicia una ronda de reuniones selectivas, individuales y reservadas, cuyo contenido no se traslada a la ciudadanía ni a la totalidad de los colectivos  implicados y con exclusión deliberada del Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia, exclusión que no ha recibido justificación alguna pese a los reiterados requerimientos e intentos de comunicación realizados.

Consideramos este inesperado veto ministerial como una anormalidad democrática sin precedentes en anteriores gabinetes, además de una violación de lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial 444.2.c) y d) referido al derecho de los miembros del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia a la libre asociación profesional y a que sus asociaciones profesionales sean oídas en todas aquellas materias que afecten a su estatuto orgánico, derecho cuyo ejercicio el Ministerio está obstaculizando.

Valoramos la decisión adoptada como un grave error del Ministerio de Justicia y una sorprendente muestra de inmadurez política, sin otra explicación que la falta de tolerancia del actual Gabinete a la posición discrepante de nuestra organización, y a los nervios ante una reforma, la del Registro Civil, cuyo futuro es incierto y en cuya defensa el SISEJ estamos firmemente comprometidos.

Desde el SISEJ instamos al Gabinete de Rafael Catalá a rectificar y restablecer el diálogo institucional y sindical con todas las organizaciones del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, y a que explique a la opinión pública con claridad qué planes tiene para el Registro Civil y cómo va a afectar a la ciudadanía y a los servidores públicos.

Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia
9 noviembre 2017

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Comunicado del SISEJ ante los últimos acontecimientos en Catalunya

Comisión ejecutiva

Tras la aprobación por el Gobierno el pasado martes en Consejo de Ministros del Real Decreto por el que se convocan elecciones autonómicas en Catalunya, los decretos aprobados el pasado sábado 27 de octubre por los que se establecían las medidas derivadas de la interpretación del artículo 155 de la Constitución, y la presentación y admisión a trámite de la querella de la Fiscalía, desde el Sindicato de Letrados (SISEJ) queremos realizar las siguientes manifestaciones:

1.- La Administración de Justicia en Catalunya ha seguido prestando el servicio público que constituye con absoluta normalidad, y los Letrados de la Administración de Justicia estamos dirigiendo las oficinas judiciales y desarrollando nuestras funciones en el marco del ordenamiento constitucional.

No obstante, queremos manifestar nuevamente nuestro apoyo y solidaridad a las compañeras y compañeros que ejercen sus funciones en Catalunya, valorando su responsabilidad en estos momentos complejos y su absoluto compromiso con el servicio público.

2.- Desde el más absoluto respeto a las decisiones judiciales y a los tiempos de la Justicia, nos reiteramos en que la vía judicial no es el mecanismo que solucionará la grave crisis política e institucional en la que nos encontramos y recordamos que el Derecho Penal no admite interpretaciones extensivas.

3.- En democracia, el cumplimiento de la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico constituyen un presupuesto básico de la convivencia, lo que no quiere decir que la discrepancia política no sea legítima, como tampoco que no sea admisible la crítica de cualquiera de las normas que hemos pactado.

Por ello condenamos los ataques que algunos ciudadanos y políticos están sufriendo estos días en relación a esta cuestión e instamos a los poderes públicos y a las instituciones para que promuevan el entendimiento social, recordándoles la gran responsabilidad que tienen en este sentido.

Por último, confiamos que las elecciones del 21 de diciembre contribuyan a recomponer la situación política en Catalunya y de nuevo instamos a la clase política a desarrollar un diálogo responsable y a alcanzar acuerdos en el marco de un Estado Social y Democrático de Derecho, garantizando los derechos fundamentales y las libertades públicas.

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