Por la supresión de símbolos de exaltación del franquismo en el ámbito del Ministerio de justicia: la Orden de San Raimundo de Peñafort

Desde el Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia SISEJ hemos dirigido a la Sra. Ministra de Justicia una petición para que se estudie y comience con la supresión y transformación democrática de símbolos y disposiciones cuyo origen y sentido fue el enaltecimiento del régimen franquista y que perviven en nuestro ordenamiento jurídico, en el ámbito del Ministerio de Justicia, petición que también reproduciremos con la Dirección General de Memoria Histórica.

En octubre de 2018 el Parlamento Europeo ha aprobado la Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de octubre de 2018, sobre el auge de la violencia neofascista en Europa 2018/2869 (RSP). En su apartado 30, la cámara europea de representantes electos aboga por una cultura de la memoria común que rechace los crímenes fascistas del pasado; expresa su profunda preocupación por el hecho de que las generaciones más jóvenes en Europa y en otros lugares se sientan cada vez menos interesadas por la historia del fascismo, y por tanto corran el riesgo de ser indiferentes ante nuevas amenazas.

El Parlamento Europeo ha elaborado y aprobado esta resolución considerando, entre otros hechos, (AA) que el Congreso de los Diputados de España ha aprobado una decisión para exhumar los restos de Francisco Franco y trasladarlos fuera del Valle de los Caídos, conjunto monumental conmemorativo de la guerra y lugar de peregrinación de la extrema derecha; que se debe proceder a la retirada efectiva de todos los demás símbolos o monumentos que exalten el alzamiento militar, la Guerra Civil y la dictadura de Franco, y que aquellos que no puedan ser retirados deben ser objeto de la necesaria contextualización y reinterpretación, de modo que puedan contribuir a la concienciación pública y a la memoria histórica. Además de ello, (21) pide colaboración plena y oportuna entre las fuerzas de seguridad, los servicios de inteligencia, el poder judicial y las organizaciones de la sociedad civil en la lucha contra el fascismo, el racismo, la xenofobia y otras formas de intolerancia, instando a los Estados miembros a que (23) proporcionen una formación interna obligatoria, basada en los derechos humanos y orientada al servicio, a los agentes de los cuerpos de seguridad y los funcionarios del sistema judicial, en todos sus niveles.

El Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia SISEJ ha mostrado de modo constante su compromiso con los valores democráticos de la Constitución de 1978, cuyo pleno cumplimiento invocamos también en cuanto a la memoria democrática de nuestro país. En el sector de la administración de justicia española perviven símbolos que tuvieron su origen en la dictadura franquista, y cuyo sentido no fue otro la exaltación de los valores de dicho régimen.

El respeto a los principios constitucionales nos hace considerar inaceptable que el Ministerio de Justicia participe directa o indirectamente en el mantenimiento de símbolos y normas de glorificación del régimen dictatorial franquista. Hoy no hay duda de la naturaleza y falta de legitimidad de dicho régimen, como ya establecía la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 39 (I) de 12 de diciembre de 1946, y las normas y leyes que ensalzaban la creación del estado corporativo fascista no deben seguir vigentes.

Un símbolo que subsiste es la Orden de San Raimundo de Peñafort, cuya regulación legal vigente sigue compuesta por el Decreto de 23 de enero de 1944 (BOE 7.2.1944) y sus normas complementarias (Decreto de 2 de marzo de 1945 (BOE 28.3.45), establece las normas estatutarias de la Orden, Decreto de 9 de enero de 1950 (BOE 21.1.50), por el que se modifican algunas normas reguladoras de la Orden, Decreto de 1 de diciembre de 1966, (24.12.66) limitando a doscientas el número máximo de Grandes Cruces que podrán concederse a los españoles) disposición que crea la Orden y su distinción con la finalidad de ensalzar los valores totalitarios y la concepción del derecho propia de la dictadura fascista implantada en España tras la guerra civil.

A diferencia del ámbito militar, en que por los diferentes Gobiernos democráticos se han ido suprimiendo las condecoraciones vinculadas al régimen franquista, el Ministerio de Justicia sigue manteniendo dicha distinción, pese a ser manifiestamente contraria al principio constitucional que configura España como un estado aconfesional. Se da la circunstancia además de el Arzobispo de Toledo sigue informando las propuestas de concesión de la orden como miembro de la junta de gobierno de la cancillería de la misma.
Además de las disposiciones arriba citadas, conforme a la Ley 52/2007 de 26 de Diciembre conocida como de Memoria Histórica, la condecoración creada por el Decreto de 23 de enero de 1944, según su tenor literal, claramente expuesto en su preámbulo, constituye un símbolo conmemorativo de exaltación de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura, lo que justifica su retirada por las Administraciones Públicas, sin que sean aplicables las razones de recuerdo privado o de carácter artístico, arquitectónico o artístico-religiosas que dispone el artículo 15.2 de la Ley.

Desde el SISEJ consideramos que esta circunstancia no afecta a la naturaleza de los méritos de las personas y juristas que hayan sido condecoradas durante los distintos gobiernos democráticos, por lo que valoramos como innecesario que la retirada del símbolo tenga efectos retroactivos.

Por todo ello desde el Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia SISEJ solicitamos al Ministerio de Justicia que adopte las siguientes medidas:

1. Que adopte las medidas necesarias para derogar el Decreto de 23 de enero de 1944 y sus normas concordantes, suprimiendo la Orden de San Raimundo de Peñafort como condecoración otorgada por el Ministerio de Justicia.

2. Que la distinción de el Ministerio de Justicia sea sustituida en su caso por una condecoración civil aconfesional y compatible con los valores y principios democráticos constitucionales.

3. Que en todo caso, en el proceso de valoración, informe y otorgamiento de distinciones al mérito en la justicia se excluya la participación del Arzobispo de Toledo o cualquier otro cargo de carácter religioso.

4. Que de acuerdo con la resolución 2018/2869 del Parlamento Europeo, por el Ministerio de Justicia se incluya en el Centro de Estudios Jurídicos y en la Escuela Judicial al menos una actividad formativa, basada en los derechos humanos y orientada al servicio público para funcionarios de todos sus niveles, en los términos del apartado 23 de la resolución.

4. Que por la Subsecretaría del Ministerio de Justicia, en concreto por la Dirección General de Memoria Histórica se impulse la adopción de estas medidas de acuerdo con lo establecido en el artículo 11.2.l. del Real Decreto 1044/2018, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Justicia y se modifica el Real Decreto 595/2018, de 22 de junio, por el que se establece la estructura orgánica básica de los Departamentos Ministeriales (BOE de 25.08.2018) y se impulse el estudio de los símbolos de exaltación de la dictadura y el ordenamiento jurídico franquista en el sector de la administración de justicia y en el ámbito jurídico público.

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Comunicado conjunto de las organizaciones de Letrados de la Administración de Justicia en relación a la adecuación salarial

El Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia, el Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia y la Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia anunciamos que:

Como ya hemos hecho público, el Ministerio de Justicia nos comunicó en la reunión celebrada el pasado 22 de octubre que no existe previsión para abordar la adecuación del salario del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, así como que finalmente tampoco se destinará a retribuciones la partida de siete millones de euros prometida por el anterior equipo ministerial y sostenida por el actual.

Ante esta decepcionante situación hemos dirigido una carta conjunta a la Ministra de Justicia trasladándole que consideramos inevitable la adopción de medidas de conflicto colectivo y requiriéndole para que ofrezca definitivamente una solución a esta situación. Ello no obsta para que continuemos colaborando con el Ministerio que ella dirige para la mejora de la Administración de Justicia, pero en ningún caso esta colaboración nos hará decaer en la reivindicación de un salario proporcionado a las responsabilidades que asumimos y que supere diferencias retributivas injustificadas respecto de otros colectivos.

Por todo ello vamos a solicitar nuevamente una reunión a la Ministra de Justicia para alcanzar una solución a esta cuestión, pero dado el contexto en el que nos encontramos, paralelamente hemos iniciado el procedimiento legal para la celebración de la primera de estas medidas de conflicto: un paro laboral que ya habíamos anunciado y que, por razones organizativas y para asegurar el máximo seguimiento y repercusión mediática, queda definitivamente convocado el próximo martes 13 de noviembre, de diez de la mañana a doce del mediodía.

Llamamos a todos los Letrados y Letradas de la Administración de Justicia a seguir masivamente este paro. Como todas las medidas de conflicto, su objeto es llamar la atención sobre la gravedad de la situación que lo provoca, por lo que inevitablemente supondrá la alteración del servicio de Justicia, y, por tanto, la de todas las actuaciones judiciales señaladas para esa fecha, que no podrán celebrarse mientras dure.

Apelamos a la comprensión de todos los ciudadanos y profesionales afectados, a quienes no buscamos perjudicar. La voluntad del Cuerpo de Letrados de Justicia ha sido siempre la de solucionar este conflicto de manera dialogada, hasta el punto de que hemos tardado ocho años en llegar hasta esta convocatoria. Lamentablemente, nuestra disposición no ha dado los frutos que esperábamos, por lo que entendemos que hemos agotado todas las posibilidades en esa línea sin que pueda reprochársenos falta de responsabilidad, compromiso ni lealtad institucional.

Confiamos en una pronta abertura de un proceso de diálogo para solucionar este conflicto. Seguiremos informando.

29 de octubre de 2018

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De las (no siempre) necesarias reformas legislativas

Por José Juan Tomás Porter, Letrado de la Administración de Justicia

Parece que todos los problemas que asisten a este país se resuelven con reformas legislativas, y cuando hablamos de los más grandes, de los que más enturbian el funcionamiento de las instituciones, con la reforma de la Constitución, cuando no con su derogación y el dictado de una nueva norma suprema. Sin embargo, no parece prudente que una sociedad entera fie su presente y futuro a un puñado de artículos, traídos y ordenados con mayor o menor acierto, creyendo que por sí solos van a cambiar la naturaleza de las cosas o sus expectativas de paz y equilibrio social.

De un tiempo a esta parte se ha venido extendiendo en el conjunto de la ciudadanía una serie de premisas o valores que, por más que se defiendan con vehemencia, no son los pilares de la pacífica convivencia y progreso que anuncian, sino el interés exclusivo de ciertas élites que propagan el anuncio apocalíptico del caos total si se quiebran sus postulados. A partir de esta creencia, la tendencia natural es integrar en nuestro ordenamiento jurídico aquellos principios, como si se tratase de la defensa de los pilares básicos, de los valores esenciales de una sociedad que precisan de una especial protección.

Estamos así acostumbrados a normas que defienden a instituciones como la banca, las grandes multinacionales, la Iglesia, la Corona, o bien que ofrecen una visión interesada y deliberadamente sesgada de lo que es y debe ser la España del siglo XXI. Tales normas no sólo criminalizan la disidencia, llevando a los tribunales a quienes las transgreden, sino que también pretenden transmitir en la sociedad el rechazo hacia cualquier sujeto que haga pública una opinión contraria a la única de las opciones posibles, la oficial.

Hace unos días se ha sabido que se van a iniciar en el Congreso de los Diputados los trámites para la reforma de ley que derogará o modulará (término éste que puede resultar tan inquietante como la situación actual) delitos como el de injurias a la Corona, el enaltecimiento del terrorismo o la ofensa de los sentimientos religiosos. Es más que probable que en la génesis de esta reforma se encuentre la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que condena a España por imponer una pena de cárcel a dos manifestantes que quemaron una foto del Rey en 2007. También es posible que en esta pretendida reforma algo haya influido la decisión de la Justicia belga, que el pasado mes de septiembre rechazó la petición de que el rapero Valtonyc, huido a ese país, fuese entregado a España para cumplir la pena de tres años y medio de prisión impuesta por la Audiencia Nacional por enaltecimiento del terrorismo, injurias graves a la Corona y amenazas.

Estos supuestos, como los procedimientos judiciales abiertos por blasfemia y delitos contra los sentimientos religiosos pertenecen, sin duda, a épocas pasadas. Todavía es más hiriente cuando en repetidas ocasiones se han oído y difundido homilías de obispos que alientan la homofobia, que justifican la pedofilia o la discriminación por razón de sexo, sin que en ninguno de estos casos se haya dado la respuesta que cabía esperar del Ministerio Fiscal, en la detección y persecución de estas modalidades de delincuencia. Esto sólo tiene una explicación, la de que aquellas élites y los (ciertamente amplios) sectores la población de les dan pábulo tiene la piel particularmente fina. Su piel, la de todos ellos, claro está.

Otro ejemplo de esa deriva de la razón, que conduce a la eliminación de quienes mantienen una visión o unas tesis contrarias a aquellos que manejan el poder, se encuentra también en la crisis que se vive en Catalunya desde hace unos años, en especial en los últimos doce meses. El movimiento independentista ha pasado de ser minoritario, aunque apoyado por algunos sectores de población siempre fieles a sus postulados, a convertirse en un fenómeno que se ha extendido y ahora abarca a un amplio sector del electorado transversal, que muestra así su rechazo al desprecio y la humillación de que han sido objeto en los años de gobierno del Partido Popular, un partido y un gobierno más empeñados en enfrentar al resto de los españoles con los independentistas que en buscar una solución cuando tuvo ocasiones para ello.

La actual legislación, pero también los principales intérpretes que hoy la aplican, sirven a aquellos mismos propósitos de persecución y castigo del disidente. La situación que hoy se vive en este país es anómala, así la perciben muchos analistas y así se valora también fuera de nuestras fronteras. No es normal que, por ejemplo, se mantenga en situación de prisión provisional después de muchos meses (más de un año en algún caso) a políticos y líderes de movimientos sociales cuyas conductas están siendo objeto de un reproche penal que genera importantes dudas.

La prisión provisional es una medida que persigue, esencialmente, asegurar la presencia del acusado en el momento de su enjuiciamiento, o bien evitar que oculte información que sea de interés a la investigación policial. Sobre esto último parece evidente que actualmente poco o nada pueden esconder, y en cuanto a la posibilidad de fuga para eludir el enjuiciamiento tampoco debería ser un impedimento, a menos que se quiera decir que intenten (como han hecho otros acusados) huir a determinados países, por cierto de nuestro entorno geográfico y socio-político, donde sistemáticamente se rechaza la puesta a disposición de los tribunales españoles. Tal vez en ello podemos ver ya un adelanto de lo que en un futuro próximo resolverá el Tribunal Europeo de Derechos Humanos cuando juzgue las decisiones tomadas en nuestro país en relación con estos hechos.

No fue prudente, desde el comienzo, la decisión de acordar la prisión provisional o, al menos, de mantenerla por más tiempo una vez concluida la recogida de datos. El supuesto riesgo de “reincidencia” delictiva que se predica no es menos aplicable a un gran número de delincuentes (estos sí) habituales, con tendencia a apropiarse de lo ajeno o a la sistemática agresión física o psicológica de sus víctimas, por citar algunos ejemplos, y no por ello están las cárceles llenas de estos sujetos. Antes de tomar una medida así se debería haber valorado qué circunstancias podrían concurrir para levantar la prisión, porque si no se es capaz (como parece aquí) de encontrar ninguna, la medida preventiva se convierte en un castigo antes del juicio. De un castigo que todavía no se sabe merecido.

Será necesario cambiar leyes, sin duda, pero lo que no garantizarán nunca esos cambios es que el sentido común impere y que los principios de proporcionalidad e intervención mínima no sólo inspiren al legislador penal, sino que también sean asumidos por los operadores jurídicos y contados en toda su extensión a la ciudadanía. No olvidemos que la Justicia no es cosa de unos pocos sino que, como la propia Constitución promulga, emana del Pueblo. Hagamos saber a ese Pueblo qué Justicia tiene y cómo la aplican, a su servicio, los tribunales españoles.

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