Juan Carlos Campo Moreno ha sido en las dos últimas legislaturas portavoz en la comisión de Justicia por el grupo parlamentario socialista y tiene una dilatada experiencia en el ámbito de la administración de justicia. Magistrado de carrera y doctor en Derecho, Juan Carlos Campo ha desarrollado distintas responsabilidades en el ámbito de la administración de Justicia como Director General de Relaciones con la Administración de Justicia en la Junta de Andalucía, vocal del CGPJ y Secretario de Estado de Justicia.
Constituida ya la Mesa del Congreso de los Diputados queremos abordar con él algunas cuestiones relativas a la administración de justicia, ante los retos pendientes que deberán abordarse en esta legislatura.
Pregunta por la Redacción de Pensamiento Crítico: Juan Carlos, en primer lugar, desde el SISEJ queremos agradecerte tu tiempo, así como la disposición para escucharnos estos años desde tu responsabilidad como portavoz de Justicia, así como agradecer el apoyo del grupo parlamentario socialista cuando el SISEJ dejó de ser convocado por el Ministerio de Justicia.
Soy yo el que debe daros, en nombre propio y de mi Grupo Parlamentario, las gracias por vuestras generosas aportaciones para la mejora de nuestra maltrecha justicia; tarea en la que estamos todos, aunque no todos igual de implicados. Y afortunadamente, hoy SISEJ es un referente para todas las reuniones en las que se hable de modernización de Justicia, ya sea en su vertiente normativa, organizativa o tecnológica.
P: Desde tu experiencia como parlamentario, pero también por tu papel como Secretario de Estado de Justicia, nos gustaría plantearte algunas cuestiones que afectan tanto a la administración de justicia como al cuerpo de letrados de la administración de justicia. La primera de ellas es relativa a la situación de lentitud en la Administración de Justicia, ¿crees que el principal problema de la justicia es la falta de medios o existe también un déficit organizativo en la misma?
La Justicia necesita, sin duda, de una nueva organización; necesitamos vertebrarla de otra manera, no podemos seguir hablando en el pleno siglo XXI de juzgados como unidad y medida para solventar los problemas de la ciudadanía. No basta contar con preparadísimos jueces, fiscales, funcionarios, abogados, procuradores o graduados sociales, necesitamos una manera moderna de afrontar la creciente litigiosidad social. Ya no valen las políticas incrementalistas por sí solas, es necesario crear un nuevo sistema de administración de Justicia donde se conjuguen nuevas normas (Lecrim, ley de defensa….) con una organización diferente de vertebrar la justicia como los tribunales de instancia y donde la Administración de justicia haga uso de las herramientas ofimáticas a la manera de la Agencia Tributaria (donde este año la publicidad nos dice que ni un papel). Todo ello con un nuevo lenguaje que ponga al ciudadano en el centro, que sea un lenguaje que colme ese derecho a comprender y que enlaza directamente con el derecho fundamental de la tutela judicial efectiva.
P: En este sentido, ¿Cómo valoras la falta de impulso de la modernización estructural de la administración de justicia por los gabinetes posteriores al del ministro Caamaño?
Con enorme tristeza y desesperanza. Pero lo mejor está por venir. Tiene que venir, pues la reforma de la Justicia es inaplazable. No puede volver a ser, nuevamente, la gran olvidada de la democracia.
P: Los Letrados de Administración de Justicia tuvimos un papel destacado en la reforma de las leyes procesales para la implantación de la Oficina Judicial, abandonando la sala de vistas y asumiendo relevantes responsabilidades singularmente en el ámbito civil y social. Estas funciones no tuvieron en nuestra opinión el reconocimiento oportuno en un contexto de grave crisis económica. Sin embargo, en los últimos años, desde el SISEJ, hemos constatado que desde los gabinetes ministeriales se nos ha mantenido en un papel residual e irrelevante. ¿Crees que el colectivo LAJ puede desarrollar nuevas funciones o asumir otras responsabilidades?
Sin duda, debe ser así, de otro modo, estaríamos desperdiciando a altísimos y cualificadísimos funcionarios en un sistema donde no sobra nadie y faltan todavía muchos jueces, fiscales, letrados y funcionarios para dar satisfacción a las demandas de los ciudadanos (utilizo referentes de países de nuestro entorno). La ordenación material del proceso y la fe pública siguen siendo elementos nucleares del rol de los LAJ pero no se acaban ahí sus potencialidades.
Creo que, entre todos, sabremos encontrar donde estos profesionales pueden contribuir con su capacitación y esfuerzo a la mejora del servicio público.
P: En ese sentido, desde el SISEJ venimos defendiendo que los LAJ formamos parte de un cuerpo superior jurídico en buena parte “desaprovechado”, pero que tras las reformas legislativas de 2009 y el impacto organizativo actual y previsible de las tecnologías (TIC), estamos en condiciones de asumir nuevos cometidos en el contexto del poder judicial mediante fórmulas tales como jueces “de base” o “de ejecución”. ¿Qué opinión te merece esta propuesta?
Son dos buenos ejemplos, pero no quisiera condicionar mis palabras por una razón muy sencilla. El Partido Socialista tiene un modelo de justicia que proponer pero también hemos dicho, hasta el agotamiento, que el mejor modelo de justicia será aquel que pueda llamarse de todos. Deben acabarse las actuaciones individuales en una materia tan vital y esencial para la vida de los ciudadanos. Debemos retomar la senda del Plan Estratégico 2009/ 2012 nacido de un enorme Acuerdo Social y donde, a través de planes operativos anuales, todos visualizábamos los avances en las tres áreas a las que me he referido anteriormente.
P: En relación con el Poder Judicial y el cuestionado régimen legal de la renovación del CGPJ y su ámbito competencial ¿Qué correcciones precisa el sistema y, en su caso, hacia qué modelo de gobierno del Poder Judicial deberíamos evolucionar?
A finales de año, la L.O 4/2018, introdujo unas importantes correcciones al sistema de ejercicio de las competencias del Consejo, su composición y estatus de los Vocales. Ahora debe renovarse, pues ya está muy vencido su mandato y lo primero que debemos de hacer los juristas y políticos es cumplir las leyes. No olvidemos que la Constitución establece que es un mandato de cinco años y la LOPJ señala que no cabe repetir mandato por los Vocales actuales. Procedamos con responsabilidad constitucional a su renovación y en ese Acuerdo podremos hablar de lo que sea necesario, pero sin dejar de seguir avanzando en la modernización de la Justicia que como he dicho es inaplazable.
P: En 2011 se aprobó por unanimidad del Congreso de los Diputados la Ley del Registro Civil 20/2011 que, en nuestra opinión modernizaba tecnológica y estructuralmente el Registro Civil. ¿Qué opinión te merece la eterna vacatio legis de la ley?
Se produce ante la inexistencia de los presupuestos en los que se asentaba. Es una reforma que pese a lo que he oído no deja a nadie sin trabajo; insisto en que no sobra nadie en el sector, todo lo contrario. Se trata de una ley que quiere facilitar la vida a los ciudadanos. Que obtener una partida de nacimiento o cualquier otro trámite pueda hacerse desde un simple ordenador en casa y no suponga desplazamientos o esperas innecesarias. Donde el registro civil sea de personas y no de hechos; y donde los jueces no tiene sentido que estén al frente de esas Oficinas. El juez juzga y hacer ejecutar lo juzgado sometido únicamente al imperio de la Ley. Todos sabemos que en el Registro Civil actual, la dirección la marca la Dirección General de Registros.
P: Por otro lado, nos gustaría conocer tu opinión sobre la implantación de la mediación y los mecanismos adecuados de resolución de conflictos como una opción diferente a la administración de justicia.
Me he manifestado partidario hace mucho tiempo. Son instrumentos absolutamente necesarios y solamente necesitamos generar buenas prácticas; y no descarto ni el penal en su acogimiento.
P: Y en ese sentido ¿crees que los LAJ podemos asumir la función de derivación a mediación u otros MASC? Y en general ¿estamos adecuadamente formados jueces, fiscales o LAJ para realizar funciones de derivación?
Es una opción, no la única. Hace unos años trabajamos en el ámbito civil en una ley que sin perder la voluntariedad de la mediación obligaba a una primera sesión de información. Ese es uno de los elementos que creo puede servir para crear cultura sobre la necesaria mediación y las ventajas que acarrea (tiempo, dinero,…)
P: La implantación de las nuevas tecnologías ha generado muchas reticencias entre los operadores jurídicos, en nuestra opinión debida a resistencias internas, pero también a desaciertos en la gestión del cambio. ¿Qué valoración te merece el uso de la tecnología en la Administración de Justicia?
Es algo que, matices al lado, debe ser ineludible. Es impensable una administración moderna con papel de calco. Interoperabilidad y seguridad de los sistemas deben ser una realidad cuanto antes. Se han hecho esfuerzos muy meritorios y sí, efectivamente, es necesario invertir más esfuerzo en la gestión del cambio y prever situaciones de contingencias que, a lo mejor, son anecdóticas pero que si no hay respuesta, se transforma en demoledor para el avance. No quiero recordar los problemas con el correo segurizado de Lex net y donde no sé cómo más de un abogado o abogada no se infartó.
Necesitamos el expediente electrónico y el control del expediente judicial y ello en un lenguaje que sirva para comprender el derecho, y no como un mero mecanismo de aglutinar documentos y documentos.
P: A medida que transcurren los años se hace más patente que los mayores avances para la modernización de la Administración de Justicia en España han venido de la mano del consenso político ¿Ves posibilidades, en la situación política actual, de un nuevo pacto de Estado para la modernización de la justicia?
Es el reto, el consenso no es un fin en sí mismo es una manera de trabajar que conlleva claridad, altura de miras y generosidad. En poco tiempo, estaremos en condiciones de ver si ello es posible.
P: Finalmente, ¿Qué políticas públicas consideras necesarias emprender en la próxima legislatura para tratar de modernizar definitivamente nuestra administración?
Me he referido a ellas, normativas, organizativas y tecnológicas y sin perder de vista al ciudadano y su derecho a comprenderlas.
Muchas gracias por tu tiempo y tu atención, Juan Carlos.