El Defensor del Pueblo admite nuestra solicitud e inicia investigación sobre la exclusión del SISEJ por el Ministerio de Justicia

La Oficina del Defensor del Pueblo ha comunicado al SISEJ la admisión e inicio de investigaciones respecto a la solicitud que formulamos el pasado mes de marzo, relativa a la privación deliberada de interlocución profesional de nuestra organización que el Ministerio de Justicia llevó a cabo el pasado 20 de noviembre.

Recordemos que el actual equipo ministerial decidió entonces, de modo súbito, sin previa comunicación ni justificación, excluir de todas las reuniones a una organización de Letrados de la Administración de Justicia legalmente constituida, el SISEJ, al que había venido convocando desde nuestra constitución.

Posteriormente, desde el gabinete de Rafael Catalá se elaboró una argumentación ad hoc basada en que en esa fecha se dio cuenta de que nuestra organización tiene “forma” sindical y no asociativa, argumento apresurado y manifiestamente inidóneo, tanto en cuanto a los hechos (tres de las cuatro organizaciones de Letrados compartimos idéntica forma sindical) como en cuanto al fondo (la naturaleza y contenido del derecho de asociación y el de libertad sindical).

En nuestro colectivo, sin embargo, es ampliamente conocido que la exclusión del SISEJ obedece como única motivación a la represalia por manifestar opiniones críticas frente a la gestión del actual Ministerio de Justicia.

Las circunstancias y características del insólito veto al SISEJ por el actual equipo ministerial también han despertado el interés de diferentes grupos parlamentarios del Congreso de Los Diputados y el Senado (Grupo Parlamentario Socialista, Unidos Podemos-En Comú Podem–En Marea, Ciudadanos) que han dirigido interpelaciones y preguntas al Gobierno en las Cortes Generales, obteniendo del mismo varias respuestas del todo insuficientes.

Desde el Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia valoramos esta decisión ministerial como el ataque y violación de derechos más grave realizado a un colectivo profesional del sector justicia en toda la historia de la democracia española. En un régimen democrático tener determinada afiliación profesional o manifestar determinadas opiniones no debería ser objeto de represión. Por ello seguimos trabajando para la restitución de derechos y la exigencia de responsabilidades en este conflicto que, sin duda, ganaremos.

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Un duro combate de irresponsabilidades

Comunicado del SISEJ ante la posición del CGPJ y del Ministerio de Justicia en relación con los datos relativos a la huelga de jueces de 22 de mayo de 2018.

Ante el comunicado de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial en relación con la jornada de paro convocada por las asociaciones judiciales el pasado 22 de mayo, publicado la tarde de ayer, desde el SISEJ emitimos la siguiente valoración:

1.- Defendemos que cualquier colectivo profesional pueda hacer valer las reivindicaciones profesionales y ejercer las medidas de conflicto colectivo que valoren oportunas. En concreto, respetamos las reivindicaciones salariales y estatutarias de jueces y fiscales planteadas y defendemos tanto su derecho a reclamarlas como la posibilidad de que lleven a efecto las actuaciones que consideren.

En todo caso, este derecho debe poder ejercerse con arreglo a la legalidad vigente y con las debidas garantías.

2.- La falta de concreción sobre la posibilidad legal de que los jueces convoquen y secunden una huelga ha provocado confusión respecto a la aplicación de la normativa legal, pero dado que no se trata de la primera vez que los jueces participan de medidas de conflicto colectivo, consideramos una irresponsabilidad grave que aún no se haya abordado esta cuestión, provocándose las disfunciones y falta de garantías conocidas.

No consta que se haya constituido un comité de huelga ni que se designaran servicios mínimos, y ni siquiera está claro quién ocupa la posición de “patrón” en la movilización. Esto ha provocado que fuera imposible conocer la afectación del servicio: al no haber servicios mínimos no hubo un criterio único que determinara las actuaciones judiciales afectadas, y al no haber comité de huelga tampoco se estableció el canal de información por el que se debían recibir los datos, quiénes debían facilitarlos a quién ni con qué criterios, lo que los hizo subjetivos, irrecabables e inverificables

3.- No compartimos que el artículo 160 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que el Consejo General del Poder Judicial invoca en su comunicado, ampare que los Presidentes de Tribunales y Audiencias puedan impartir cualquier tipo de órdenes, y menos cuando el personal al que se dirijan sea un cuerpo jerarquizado de dependencia no judicial, como es el de Letrados de la Administración de Justicia y cuando, como decimos, ninguna instancia asumió la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de la ley durante esa jornada.

4.- Nos sorprende que el Consejo General del Poder Judicial y los Presidentes de los Tribunales Superiores pretendan que sea un Cuerpo dependiente del Ministerio de Justicia el que recabe los datos de esta movilización mientras continuamente se denuncia la injerencia del poder ejecutivo en el judicial.

Desde el SISEJ no toleraremos que se utilice a los Letrados de la Administración de Justicia como arma arrojadiza entre altas instituciones del Estado.

5.- No podemos obviar la responsabilidad del Ministerio de Justicia y en particular del Secretario General de la Administración de Justicia, Antonio Dorado Picón, cuya actuación se caracteriza por la opacidad, el personalismo y la falta de transparencia, tal y como denunciamos desde hace meses.

Las instrucciones verbales del Secretario General son habituales, intentando desplazar su responsabilidad hacia otros cargos y Letrados de base. Ello, entre otras razones, le ha hecho merecedor de la reciente reprobación institucional del SISEJ.

En resumen, consideramos que la gestión de esta movilización por parte del Consejo General del Poder Judicial y del Ministerio de Justicia ha sido un auténtico despropósito y roza el esperpento, comprometiendo, en palabras del CGPJ, “la buena marcha de la Administración de Justicia y la percepción que la ciudadanía debe tener sobre el equilibrado funcionamiento de las instituciones”.

Por ello, exigimos que se aclaren con urgencia las responsabilidades generadas, y que cese el cuestionamiento público sobre la actividad profesional de los Letrados y Letradas de la Administración de Justicia.

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Declaración institucional de reprobación del Secretario General de la Administración de Justicia

El Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia SISEJ, en su Séptimo Congreso, quiere realizar una valoración de la gestión de nuestro principal superior jerárquico, el Secretario General de la Administración de Justicia, a modo de rendición de cuentas ante el Cuerpo sobre el cumplimiento de sus responsabilidades legales y estatutarias, tanto en el aspecto profesional, como desde una perspectiva institucional del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia.

Al tratarse del primer integrante del Cuerpo en ser llamado a desempeñar el cargo jerárquico más importante del mismo, se había generado una cierta expectativa en el momento de la designación de Antonio Dorado Picón mediante acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de octubre de 2014, como podría esperarse de una persona a priori conocedora de las necesidades y problemas históricos del colectivo.

Sin embargo, tras más de tres años de ejercicio de su cargo al frente de la Secretaría General de la Administración de Justicia, no podemos sino reflejar el sentir ampliamente compartido en todo el colectivo afirmando que dichas expectativas se han visto defraudadas y el balance de esta gestión es claramente negativo y, lamentablemente, merecedor de la reprobación del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia.

Fundamentamos esta declaración en los siguientes motivos:

PRIMERO.- La pérdida de relevancia y peso institucional de nuestro Cuerpo a todos los niveles, comenzando por la falta de impulso y paralización de aquellas iniciativas legislativas y proyectos –como las reformas procesales y organizativas necesarias para la implantación de la oficina judicial y los tribunales de instancia- que otorgaban un papel preeminente y directivo a los Letrados de la Administración de Justicia, y nuestra consideración como Cuerpo Superior.

Igualmente, el actual Secretario General de la Administración de Justicia formó parte del denominado grupo de expertospara la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que cristalizaría en la Ley Orgánica 7/2015, un texto que presentaba como gran logro estatutario para el Cuerpo una medida puramente formal, el cambio de nombre de Secretarios Judiciales a Letrados de la Administración de Justicia, sin incluir ningún avance legislativo real que contribuya al prestigio profesional y capacidad de dirección procesal del Letrado de la Administración de Justicia en el ejercicio de nuestro cargo.

A día de hoy ni siquiera se ha impulsado debidamente la adaptación del Reglamento Orgánico de Secretarios Judiciales de 2006 a dicha reforma orgánica, y a causa de esta negligencia, de modo inaudito, el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia carece de escalafón profesional actualizado.

A nivel laboral el Secretario General de la Administración de Justicia ha mostrado durante estos años una enorme insensibilidad y falta de predisposición al diálogo ante la principal reivindicación de esta naturaleza de los miembros del Cuerpo: la adecuación salarial pendiente desde 2009-2010, que ha motivado la mayor protesta y movilización unitaria de la historia de nuestro Cuerpo.

SEGUNDO.- Por una política de nombramiento de cargos caracterizada por la opacidad y el favoritismo personalistaen perjuicio de los criterios de mérito y capacidad. Recordamos a título de ejemplo casos escandalosos como el nombramiento de la Secretaria de Gobierno del TSJ de Canarias, declarado ilegal por la Audiencia Nacional por incumplir el requisito mínimo de antigüedad a sabiendas de ello.

TERCERO.- Por la instauración de un régimen de falta de transparencia en la dirección del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, citando como ejemplos la cobertura de puestos de trabajo en comisión de servicios y el régimen de sustituciones entre Letrados, ambos ampliamente conocidos entre los integrantes de nuestro colectivo.

CUARTO.- Por la liquidación del cauce que venía siendo normal de interlocución institucional del Ministerio de Justicia con las organizaciones profesionales a través de la Secretaría General, sustituido desde el inicio de su mandato por unapráctica anormal de encuentros bilaterales y selectivos, con frecuencia sin publicidad, en lugar de reuniones formales de trabajo con todas las organizaciones del colectivo.

QUINTO.- Por la violación deliberada de los derechos colectivos de los Letrados de la Administración de Justicia, materializada en la exclusión de una organización legalmente constituida, el SISEJ, de toda forma de participación e interlocución con el Ministerio de Justicia a partir del 20 de noviembre de 2017, decisión producida exclusivamente como medida de represión totalitaria de ideas, opiniones e informaciones discrepantes, manifestadas en el ejercicio de libertades democráticas, vulnerando el marco que hasta esa fecha había cumplido.

SEXTO.- Por su ausencia de responsabilidad y falta de cualificación en el ejercicio de las competencias de la Secretaría General de la Administración de Justicia relacionadas con la modernización tecnológica de la justicia; pese a tener a su cargo la Subdirección General de Nuevas Tecnologías, en ningún momento ha asumido la menor responsabilidad ni dado explicaciones sobre la brecha de seguridad de LexNet producida en julio de 2017, ni de las disfunciones presupuestarias y técnicas en la gestión de la implantación del denominado “papel cero”, ni tan siquiera de la falta de integración de registros públicos con los sistemas de gestión de los juzgados, siendo especialmente sangrante el caso de Registro Estatal para la Protección de Víctimas de la Violencia Doméstica y de Género.

Por todas estas consideraciones en cuanto Letrados de la Administración de Justicia no podemos sino declarar públicamente nuestro rechazo a la gestión del todavía Secretario General de la Administración de Justicia, Antonio Dorado Picón, cuyo mandato reprobamos considerándolo merecedor del repudio de quienes pertenecemos a la misma Carrera.

Madrid, 25 de mayo de 2018

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