Tribunales arbitrales y tratados comerciales en el marco de la Unión Europea

Rafael Lafuente i Sevilla, 

Letrado de la Adm.  de  Justicia

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Los tratados comerciales que están siendo negociados por la Unión Europea, con Estados Unidos (TTIP), Canada (CETA) o diversos estados (TISA), constituyen un paso más hacia progresiva difuminación del Estado Social y Democrático de Derecho. Dichos Tratados abordan, además a materias relativas al medio ambiente, garantías de los consumidores y usuarios, derechos laborales, ganadería, agricultura o pesca entre otros, a la configuración del poder ejecutivo, el legislativo y al judicial. Sigue leyendo

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Nota del SISEJ sobre la transcripción de las diligencias de instrucción

El 28 de junio la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña emitió un acuerdo sobre “propuestas de actuación en relación a la documentación de las diligencias de instrucción penal”, haciéndose eco de la cuestión suscitada por las Secciones Penales de las Audiencias Provinciales de Cataluña, las cuales exigen la transcripción de las diligencias de instrucción registradas en soporte audiovisual para su confrontación en el acto del juicio oral.

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Comunicado conjunto sobre la anulación de las tasas judiciales

Compartimos el comunicado conjunto elaborado por Jueces para la Democracia, Unión Progresista de Fiscales, Unión Progresista de Secretarios Judiciales y SISEJ en relación a la sentencia del Tribunal Constitucional que anula determinados preceptos de la ley de tasas judiciales.

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Comunicado del SISEJ ante la nueva legislatura

A las puertas de una nueva legislatura, una vez se constituya el Congreso resultante de las últimas elecciones y se forme gobierno, desde el SISEJ queremos hacer una reflexión relativa al ámbito de la justicia:

En plenas negociaciones para la formación de gobierno resulta evidente que ningún grupo parlamentario ostenta en el nuevo Congreso de los Diputados una mayoría suficiente. Por tanto, necesariamente deben alcanzarse acuerdos entre formaciones, tanto para formar gobierno como para desarrollar el trabajo legislativo de los próximos años.

Esperamos que este nuevo contexto permita incrementar los pactos y el consenso tanto en la actuación del ejecutivo como en el desarrollo de la tarea legislativa, tras una legislatura en la que se aprobó y modificó leyes pese a su amplia contestación social y parlamentaria, como la Ley de Tasas, la reforma laboral o la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

También esperamos que ello repercuta en un mejor uso de la técnica legislativa, desterrando de una vez la necesidad de normas dedicadas a corregir los errores de otras disposiciones previamente dictadas, así como el recurso a una normativa “de cajón de sastre” que ha provocado que en los últimos años las sucesivas reformas se acumularan de manera no sistemática y con una urgencia más que discutible; frente a ello consideramos imprescindible volver a perseguir el acuerdo, la colaboración y la implicación de las distintas sensibilidades políticas y sociales recuperando el consenso alcanzado en 2009 para la aprobación de las leyes de implantación de la Nueva Oficina Judicial. 

En cuanto al colectivo de Letrados de la Administración de Justicia, se nos ha intentado justificar la última legislatura con un cambio de denominación aprobado careciendo de todo consenso y con una reforma ficticia del sistema de categorías, tras un primer anuncio de su eliminación, que no ha solucionado los problemas y disfunciones que causan. Frente a esto, y entre otras cuestiones, hemos encontrado la externalización de competencias de justicia a favor de notarios, registradores de la propiedad y procuradores y la paralización de la modernización de la Administración de Justicia, en la cual debemos desempeñar un papel necesario, útil y eficaz para la sociedad.

Desde el SISEJ defendemos que es hora de retomar la reforma y modernización de la Administración de Justicia desde un punto de vista más ambicioso que la mera dotación de más medios, sobre la base de una auditoría previa que permita determinar las auténticas carencias que sufre, elaborando un plan de acción político a corto, medio y largo plazo, bien definido, con objetivos y tempos fijados nítidamente y siempre inspirado por el interés superior de la ciudadanía y, en particular, de los más necesitados de la intervención pública.

Debe acabar la época de las ocurrencias, los parches, los slogans que no se cumplen, de la venta de la Administración de Justicia a los lobbys más influyentes y de su manipulación por intereses espúreos.

Consideramos imprescindible la implantación de los Tribunales de Instancia y, de manera coordinada, la creación de Tribunales de Base y Ejecución a los que destinar a un número importante de Letrados de la Administración de Justicia que pasarían a prestar servicio como Jueces de Base y Ejecución, lo que incrementaría, con el mínimo coste, el número de Jueces hasta situarlo en primera línea de Europa.

Junto a ello, la concentración del impulso procesal y la resolución alternativa de conflictos en los Servicios Comunes (en necesaria colaboración entre el Estado y las Comunidades Autónomas) permitiría superar definitivamente tanto el retraso endémico en la Administración de Justicia como la inseguridad jurídica derivada del tratamiento heterogéneo de situaciones iguales. Un adecuado diseño del sistema permitiría, además, optimizarlo desde el punto de vista económico. 

Los pactos ahora son imprescindibles, deben conseguirse y mantenerse una vez alcanzados. Esperamos que en este contexto pueda introducirse el punto de vista del interés de la mayoría, para cuya salvaguarda no deberían hacerse cesiones. Para ello llamamos a la responsabilidad política y a la lealtad de los representantes de los y las ciudadanas hacia las instituciones que integran y hacia quienes les eligieron.

La sociedad precisa de una modernización estructural y democrática de una justicia que debe, como servicio público, atenderle con las máximas garantías y celeridad, y como poder del estado favorecer su participación y la rendición de cuentas ante ésta.

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Comunicado conjunto por la derogación del art. 324 LECrim

conjunto jpd upf sisej

POR LA DEROGACIÓN DEL ART. 324, SISTEMA DE PLAZOS DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL.

COMUNICADO CONJUNTO

Transcurridos 6 meses desde la entrada en vigor del nuevo art. 324 de la LeCrim es momento de hacer balance de las consecuencias que ha tenido o puede tener para la administración de justicia. Las deficiencias de su redacción, la falta de encaje sistemático en nuestro sistema procesal y la ausencia de un criterio único en su interpretación han llevado al límite a los juzgados de instrucción y a las fiscalías. Si se pretendía una afiliación de la justicia este no es el camino. En los próximos meses veremos como el riesgo generado por la entrada en vigor de la ley no se compensa con el escaso bagaje obtenido, que básicamente va a consistir en el archivo de causas que estaban ya sin actividad en los juzgados. Sin embargo, es posible que aumente la pérdida de calidad del sistema, las dificultades en la investigación y el número de recursos en instrucción y, por tanto, el tiempo de tramitación de los procesos.

Desde todas las asociaciones firmantes, con responsabilidad, lamentamos ante la ciudadanía la imagen que por esta situación se pueda estar proyectando de la justicia, en la que los Letrados de la Administración de Justicia, los Fiscales, los Jueces y Magistrados y el resto de los funcionarios que integran la misma, son la garantía profesional de que trabajando en común y evitando estériles enfrentamientos a los que indirectamente nos ha conducido esta reforma, velaremos en conciencia por los intereses de todos. Incluso en la aplicación de reformas como la que evaluamos en este escrito, al tiempo que pedimos su derogación cuando se constituya el nuevo gobierno y las Cortes Generales.

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