El SISEJ solicita la reforma de la Instrucción 2/13.

 

El SISEJ ha dirigido un escrito al Ministerio de Justicia solicitando la reforma de la instrucción 2/13 del Secretario General de la Administración de Justicia por la que se regula la publicidad de la cobertura de plazas de Secretarios Judiciales en comisión de Servicios con relevación de funciones.

El artículo 450.2 de la LOPJ, complementado por los artículos 105.3 y 127 del Reglamento Orgánico de Secretarios Judiciales, establece un principio general claramente restrictivo respecto a la cobertura de puestos de esta manera, que ha de ser excepcional, temporal y requerida por las necesidades del servicio. 

La inexistencia de criterios y regulación de desarrollo por el Ministerio de Justicia determinaba que cada Secretaría de Gobierno actuase de una manera en su ámbito territorial, y que no existiese un procedimiento general equitativo y mínimamente público y transparente para esta forma cobertura de plazas. 

Durante los años posteriores a 2005 fueron constantes las peticiones del SISEJ y los escritos que dirigimos al Ministerio de Justicia en dicho sentido, como por ejemplo la solicitud formal de homogeneización y unificación de criterios que dirigimos en julio de 2007. 

Con el dictado de la Instrucción 2/2013 del Secretario General de la Administración de Justicia se abordó por primera vez esta regulación con la finalidad declarada de garantizar la concurrencia de todos los interesados y la debida transparencia exigible a toda actuación administrativa [sic], lo que recibimos desde el SISEJ con moderada satisfacción, puesto que daba cumplimiento a una reivindicación que sostuvimos durante años. 

Sin embargo en la aplicación práctica de la Instrucción de 2013 el Ministerio de Justicia no solo se ha apartado de las finalidades que declaraba, sino que en ocasiones ha incumplido directamente sus propias previsiones. 

Durante los últimos años la convocatoria y cobertura de plazas de Letrado en comisión de servicios se ha convertido lo que era un procedimiento excepcional en una práctica generalizada: en octubre de 2015 el Ministerio de Justicia ya había lanzado alrededor de treinta convocatorias (!) con listados de puestos para cubrir en comisión de servicios. 

La Secretaría General de la Administración de Justicia llegó a resolver convocatorias sin la debida publicidad, es decir, a ocultar la resolución de concesión de plazas de letrados en comisión de servicios como ocurrió con la de 13 de febrero de 2018, que denunciamos desde el SISEJ en una nota pública. 

Ante ello no podemos sino mostrar nuestra preocupación por que se haya convertido en un rumor generalizado y ampliamente conocido en nuestro colectivo de que un medio rápido y eficaz para conseguir traslados geográficos adelantándose a las normas y convocatorias y antigüedad exigida por la normativa que rige los concursos, haya sido durante estos últimos años acceder a influencia personal y contactos en la Secretaría General de la Administración de Justicia incluyendo la asistencia y participación en determinados eventos 

En tercer lugar la falta de formalidad y regularidad jurídica del procedimiento en todas sus fases, obviando los requisitos mínimos propios de cualquier procedimiento o acto administrativo, a los efectos de su fiscalización en cada supuesto y posible impugnación. 

La mencionada Instrucción 2/2013 exige motivación en el informe de la Secretaría de Gobierno que realiza la propuesta, pero no en la resolución de la Secretaría General que acuerda la concesión o denegación. 

Los criterios a tener en cuenta por el Ministerio de Justicia además no están ordenados de modo que se permita una valoración objetivable en supuestos de concurrencia de solicitudes o propuestas: además de la obvia mejor cobertura del servicio público en las plazas de origen y destino, la instrucción solo afirma que “se podrá valorar” las circunstancias de conciliación familiar, especialización y escalafón, y solo en el informe de la Secretaría de Gobierno.

Por todo ello se solicita la reforma de la mencionada instrucción.

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PARTICIPACIÓN DEL SISEJ EN LOS GRUPOS DE TRABAJO CONVOCADOS POR EL MINISTERIO DE JUSTICIA

Ayer, 18 de septiembre de 2018, tuvieron lugar en el Ministerio de Justicia sendas reuniones de los grupos de trabajo sobre Justicia Digital y Oficina Judicial (este último, de nueva creación), a las que el SISEJ ha sido convocado, superándose así definitivamente el veto antidemocrático del que el anterior equipo ministerial hizo objeto a nuestra organización.

GRUPO SOBRE OFICINA JUDICIAL

El objetivo del grupo sobre oficina judicial es, a partir del diálogo con las organizaciones de jueces y letrados de la Administración de Justicia, establecer un diagnóstico sobre la estructura de oficina judicial, su implantación, dotación y mejoras a tener en cuenta.

Por parte del Ministerio asistieron a la reunión el Secretario General, la Directora General de Modernización y la Directora de Recursos Personales. En representación del SISEJ acudió Rafael Lafuente, Secretario de Organización.

Según se nos informó, el Ministerio trabaja en un plan de calidad de la oficina judicial basado en una serie de procesos que aún están siendo definidos, y del cual darán traslado próximamente. Para ello, el Ministerio transmitió su preocupación por trabajar con datos actualizados y contrastables.

En este sentido el representante del SISEJ recordó una vez más la necesidad apremiante de dotar a la Comisión Nacional de Estadística Judicial de operatividad real para la elaboración de una estadística judicial que cumpla los objetivos fijados por la Ley Orgánica del Poder Judicial en cuanto a la planificación, desarrollo y ejecución de las políticas públicas relativas a la Administración de Justicia. Igualmente reclamó el desarrollo de la oficina judicial y su adaptación a las necesidades de la Administración de Justicia partiendo de la experiencia alcanzada en los partidos donde se ha implantado, así como la modificación de las funciones de nuestro Cuerpo, tal y como se acordó en nuestro séptimo Congreso, y la supresión de las plazas de Letrados asignadas a unidades procesales de apoyo directo para optimizar el servicio que los Letrados podemos prestar en una Administración de Justicia moderna y eficiente.

En la reunión, sorprendentemente, se oyeron voces extremadamente críticas con el modelo de oficina judicial pese a los datos que la estadística del Consejo General del Poder Judicial (la única disponible por ahora) ofrece en cuanto a su funcionamiento. Desde nuestro punto de vista, la oficina judicial es la base de la que debe partirse para alcanzar una justicia moderna y eficaz. En todo caso, debe tenerse en cuenta la experiencia acumulada en los últimos quince años y profundizar en el modelo, complementándolo con tribunales de instancia y tribunales de base y ejecución; dotando adecuadamente los distintos tipos de unidades; y superando funciones y repartos competenciales ineficaces y sin justificación constitucional.

GRUPO SOBRE JUSTICIA DIGITAL

Por la tarde se reunió el grupo sobre Justicia Digital, cuyo objetivo es servir de marco estable de comunicación entre las organizaciones de Jueces y Letrados y la Secretaría General en orden al mejor aprovechamiento del expediente judicial electrónico, conforme a la experiencia de sus principales usuarios.

Por parte del Ministerio asistieron el Secretario General, la Directora General de Modernización, la Directora de Recursos Personales, y en representación del SISEJ acudió Francisco Cabo Orero, vocal de la Comisión Ejecutiva.

Tanto el Secretario General como la Directora General de Modernización expusieron su preocupación en relación a la necesidad de que las oficinas judiciales cuenten con los medios adecuados para una correcta aplicación de la ley 18/2011, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, así como de la necesidad de reevaluar las actuaciones de los últimos años y garantizar la adecuada formación de los distintos cuerpos de funcionarios. El transcurso del tiempo ha demostrado que la implantación del papel cero fue precipitada, cuestión en la que los presentes se mostraron de acuerdo. Por todo ello, se nos comunicó la paralización de la implantación del visor documental Horus para en su lugar implantar un “escritorio judicial” más sencillo.

Desde el SISEJ matizamos la importancia de diferenciar el ámbito de la Ley 18/2011 y el derecho de los ciudadanos a acceder electrónicamente al servicio público de la justicia de los sistemas de gestión procesal concretos de cada Comunidad Autónoma y los problemas que puedan estar planteando con el expediente judicial electrónico.

Asimismo, hemos reclamado que el Ministerio impulse la reforma de las leyes procesales para introducir la vertiente digital y que los procedimientos se diseñen desde esta perspectiva; nos hemos interesado por el futuro sistema de gestión procesal en el llamado territorio Ministerio (las Comunidades Autónomas sin competencias de justicia transferidas); hemos insistido en la necesidad de que el Ministerio trabaje con las Comunidades Autónomas con competencias en justicia en el seno del CETEAJE (Comité Técnico Estatal de la Administración de Justicia Electrónica) para garantizar que los distintos sistemas sean interoperables; y hemos hecho hincapié en la necesidad de dar formación a todos los cuerpos de funcionarios en la ley 18/2011, más allá de la formación específica de cada una de las herramientas informáticas propias de los juzgados.

Como ocurrió en el grupo sobre oficina judicial, también en este grupo se oyeron consideraciones llamativas, en este caso en relación a la necesidad de agilización, que algunos de los asistentes no valoraron como particularmente importante amparándose en la “especialidad” de la Administración de Justicia y en comparaciones con países en los que la lentitud de la Justicia es superior a la de España. Desde nuestro punto de vista un servicio público de calidad no puede permitirse no ser ágil, entre otras características inherentes a esa calidad. La realidad tecnológica está presente en una sociedad que cada día más la reclama para dar satisfacción a sus necesidades, y la Administración de Justicia no puede dar la espalda a este hecho sin pretender no quedar obsoleta.

Por último, el Ministerio nos ha pedido colaboración para el desarrollo de estas cuestiones y nos ha trasladado su intención de convocar periódicamente estos grupos de trabajo. Desde el SISEJ nos hemos puesto a su disposición con este objeto.

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EL MINISTERIO DE JUSTICIA VUELVE A CONVOCAR LA PLAZA DE LA SECRETARíA DE GOBIERNO DEL TSJ DE CANARIAS

El BOE de 1 de septiembre de 2018 publica oficialmente la convocatoria para cubrir por el Ministerio de Justicia la Secretaría de Gobierno del TSJ de Canarias, un cargo hasta ahora ocupado por Eva Hernández, nombrada por el ex Ministro Rafael Catalá incumpliendo el requisito legal mínimo de antigüedad exigido por la Ley.

Recordemos que este nombramiento fue denunciado por el SISEJ en 2017, solicitando una aclaración pública al Ministerio a la que este ni siquiera contestó. Igualmente fue objeto de protesta en solitario por el único vocal independiente en el Consejo del Secretariado, además de ser recurrido judicialmente por una de las candidatas que se presentó al cargo, que sí cumplía con los requisitos formales.

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