PARTICIPACIÓN DEL SISEJ EN LOS GRUPOS DE TRABAJO CONVOCADOS POR EL MINISTERIO DE JUSTICIA

Ayer, 18 de septiembre de 2018, tuvieron lugar en el Ministerio de Justicia sendas reuniones de los grupos de trabajo sobre Justicia Digital y Oficina Judicial (este último, de nueva creación), a las que el SISEJ ha sido convocado, superándose así definitivamente el veto antidemocrático del que el anterior equipo ministerial hizo objeto a nuestra organización.

GRUPO SOBRE OFICINA JUDICIAL

El objetivo del grupo sobre oficina judicial es, a partir del diálogo con las organizaciones de jueces y letrados de la Administración de Justicia, establecer un diagnóstico sobre la estructura de oficina judicial, su implantación, dotación y mejoras a tener en cuenta.

Por parte del Ministerio asistieron a la reunión el Secretario General, la Directora General de Modernización y la Directora de Recursos Personales. En representación del SISEJ acudió Rafael Lafuente, Secretario de Organización.

Según se nos informó, el Ministerio trabaja en un plan de calidad de la oficina judicial basado en una serie de procesos que aún están siendo definidos, y del cual darán traslado próximamente. Para ello, el Ministerio transmitió su preocupación por trabajar con datos actualizados y contrastables.

En este sentido el representante del SISEJ recordó una vez más la necesidad apremiante de dotar a la Comisión Nacional de Estadística Judicial de operatividad real para la elaboración de una estadística judicial que cumpla los objetivos fijados por la Ley Orgánica del Poder Judicial en cuanto a la planificación, desarrollo y ejecución de las políticas públicas relativas a la Administración de Justicia. Igualmente reclamó el desarrollo de la oficina judicial y su adaptación a las necesidades de la Administración de Justicia partiendo de la experiencia alcanzada en los partidos donde se ha implantado, así como la modificación de las funciones de nuestro Cuerpo, tal y como se acordó en nuestro séptimo Congreso, y la supresión de las plazas de Letrados asignadas a unidades procesales de apoyo directo para optimizar el servicio que los Letrados podemos prestar en una Administración de Justicia moderna y eficiente.

En la reunión, sorprendentemente, se oyeron voces extremadamente críticas con el modelo de oficina judicial pese a los datos que la estadística del Consejo General del Poder Judicial (la única disponible por ahora) ofrece en cuanto a su funcionamiento. Desde nuestro punto de vista, la oficina judicial es la base de la que debe partirse para alcanzar una justicia moderna y eficaz. En todo caso, debe tenerse en cuenta la experiencia acumulada en los últimos quince años y profundizar en el modelo, complementándolo con tribunales de instancia y tribunales de base y ejecución; dotando adecuadamente los distintos tipos de unidades; y superando funciones y repartos competenciales ineficaces y sin justificación constitucional.

GRUPO SOBRE JUSTICIA DIGITAL

Por la tarde se reunió el grupo sobre Justicia Digital, cuyo objetivo es servir de marco estable de comunicación entre las organizaciones de Jueces y Letrados y la Secretaría General en orden al mejor aprovechamiento del expediente judicial electrónico, conforme a la experiencia de sus principales usuarios.

Por parte del Ministerio asistieron el Secretario General, la Directora General de Modernización, la Directora de Recursos Personales, y en representación del SISEJ acudió Francisco Cabo Orero, vocal de la Comisión Ejecutiva.

Tanto el Secretario General como la Directora General de Modernización expusieron su preocupación en relación a la necesidad de que las oficinas judiciales cuenten con los medios adecuados para una correcta aplicación de la ley 18/2011, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, así como de la necesidad de reevaluar las actuaciones de los últimos años y garantizar la adecuada formación de los distintos cuerpos de funcionarios. El transcurso del tiempo ha demostrado que la implantación del papel cero fue precipitada, cuestión en la que los presentes se mostraron de acuerdo. Por todo ello, se nos comunicó la paralización de la implantación del visor documental Horus para en su lugar implantar un “escritorio judicial” más sencillo.

Desde el SISEJ matizamos la importancia de diferenciar el ámbito de la Ley 18/2011 y el derecho de los ciudadanos a acceder electrónicamente al servicio público de la justicia de los sistemas de gestión procesal concretos de cada Comunidad Autónoma y los problemas que puedan estar planteando con el expediente judicial electrónico.

Asimismo, hemos reclamado que el Ministerio impulse la reforma de las leyes procesales para introducir la vertiente digital y que los procedimientos se diseñen desde esta perspectiva; nos hemos interesado por el futuro sistema de gestión procesal en el llamado territorio Ministerio (las Comunidades Autónomas sin competencias de justicia transferidas); hemos insistido en la necesidad de que el Ministerio trabaje con las Comunidades Autónomas con competencias en justicia en el seno del CETEAJE (Comité Técnico Estatal de la Administración de Justicia Electrónica) para garantizar que los distintos sistemas sean interoperables; y hemos hecho hincapié en la necesidad de dar formación a todos los cuerpos de funcionarios en la ley 18/2011, más allá de la formación específica de cada una de las herramientas informáticas propias de los juzgados.

Como ocurrió en el grupo sobre oficina judicial, también en este grupo se oyeron consideraciones llamativas, en este caso en relación a la necesidad de agilización, que algunos de los asistentes no valoraron como particularmente importante amparándose en la “especialidad” de la Administración de Justicia y en comparaciones con países en los que la lentitud de la Justicia es superior a la de España. Desde nuestro punto de vista un servicio público de calidad no puede permitirse no ser ágil, entre otras características inherentes a esa calidad. La realidad tecnológica está presente en una sociedad que cada día más la reclama para dar satisfacción a sus necesidades, y la Administración de Justicia no puede dar la espalda a este hecho sin pretender no quedar obsoleta.

Por último, el Ministerio nos ha pedido colaboración para el desarrollo de estas cuestiones y nos ha trasladado su intención de convocar periódicamente estos grupos de trabajo. Desde el SISEJ nos hemos puesto a su disposición con este objeto.

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EL MINISTERIO DE JUSTICIA VUELVE A CONVOCAR LA PLAZA DE LA SECRETARíA DE GOBIERNO DEL TSJ DE CANARIAS

El BOE de 1 de septiembre de 2018 publica oficialmente la convocatoria para cubrir por el Ministerio de Justicia la Secretaría de Gobierno del TSJ de Canarias, un cargo hasta ahora ocupado por Eva Hernández, nombrada por el ex Ministro Rafael Catalá incumpliendo el requisito legal mínimo de antigüedad exigido por la Ley.

Recordemos que este nombramiento fue denunciado por el SISEJ en 2017, solicitando una aclaración pública al Ministerio a la que este ni siquiera contestó. Igualmente fue objeto de protesta en solitario por el único vocal independiente en el Consejo del Secretariado, además de ser recurrido judicialmente por una de las candidatas que se presentó al cargo, que sí cumplía con los requisitos formales.

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El Defensor del Pueblo admite nuestra solicitud e inicia investigación sobre la exclusión del SISEJ por el Ministerio de Justicia

La Oficina del Defensor del Pueblo ha comunicado al SISEJ la admisión e inicio de investigaciones respecto a la solicitud que formulamos el pasado mes de marzo, relativa a la privación deliberada de interlocución profesional de nuestra organización que el Ministerio de Justicia llevó a cabo el pasado 20 de noviembre.

Recordemos que el actual equipo ministerial decidió entonces, de modo súbito, sin previa comunicación ni justificación, excluir de todas las reuniones a una organización de Letrados de la Administración de Justicia legalmente constituida, el SISEJ, al que había venido convocando desde nuestra constitución.

Posteriormente, desde el gabinete de Rafael Catalá se elaboró una argumentación ad hoc basada en que en esa fecha se dio cuenta de que nuestra organización tiene “forma” sindical y no asociativa, argumento apresurado y manifiestamente inidóneo, tanto en cuanto a los hechos (tres de las cuatro organizaciones de Letrados compartimos idéntica forma sindical) como en cuanto al fondo (la naturaleza y contenido del derecho de asociación y el de libertad sindical).

En nuestro colectivo, sin embargo, es ampliamente conocido que la exclusión del SISEJ obedece como única motivación a la represalia por manifestar opiniones críticas frente a la gestión del actual Ministerio de Justicia.

Las circunstancias y características del insólito veto al SISEJ por el actual equipo ministerial también han despertado el interés de diferentes grupos parlamentarios del Congreso de Los Diputados y el Senado (Grupo Parlamentario Socialista, Unidos Podemos-En Comú Podem–En Marea, Ciudadanos) que han dirigido interpelaciones y preguntas al Gobierno en las Cortes Generales, obteniendo del mismo varias respuestas del todo insuficientes.

Desde el Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia valoramos esta decisión ministerial como el ataque y violación de derechos más grave realizado a un colectivo profesional del sector justicia en toda la historia de la democracia española. En un régimen democrático tener determinada afiliación profesional o manifestar determinadas opiniones no debería ser objeto de represión. Por ello seguimos trabajando para la restitución de derechos y la exigencia de responsabilidades en este conflicto que, sin duda, ganaremos.

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