Comunicado del SISEJ ante los recientes casos de corrupción.

Ante la gravedad de los casos de corrupción que continúan afectando a cargos públicos y políticos, así como de la respuesta que desde el Poder Ejecutivo se está ofreciendo, la cual ha llegado a afectar al propio Ministerio de Justicia, desde el SISEJ queremos hacer las siguientes manifestaciones:

1.- El Gobierno no puede pretender que la lucha contra la corrupción política y económica se limite a mantener una posición de neutralidad que, además, sólo es aparente si tenemos en cuenta que se contradice con los contactos hechos públicos estos días entre el Ministro de Justicia y el anterior Presidente de la Comunidad de Madrid, investigado por corrupción, y respecto del cual se han conocido más conversaciones de extrema gravedad relativas a su situación judicial.

2.- No es admisible que cargos públicos de máxima responsabilidad, como el Ministro de Justicia, sostengan tales contactos en este escenario de investigaciones por corrupción. Resultan, además, insostenibles los llamamientos a la confianza en quienes ostentan dichos cargos, que resultan gratuitos cuando tales contactos se hacen públicos y se opta por ofrecer una mínima justificación, sin ninguna asunción de responsabilidades y sin tomar ninguna decisión dirigida al merecimiento de la confianza que se reclama.

3.- Dicha inacción, y la falta de respuestas claras, contundentes e inequívocas, generan con toda lógica desconfianza en la ciudadanía respecto de la actuación de toda la Administración de Justicia, y la percepción de que personas investigadas por corrupción maniobran para favorecer su impunidad.

Esta grave situación, y el descrédito de las instituciones que la acompaña, requieren una intervención activa del poder ejecutivo en el ámbito de sus competencias que promueva la confianza en la independencia de Jueces y Magistrados, en la autonomía del Ministerio Fiscal y en la imparcialidad de la Administración de Justicia globalmente considerada.

Por contra, se comprueba que los recientes cambios en la Fiscalía General del Estado y en las Fiscalías Anticorrupción no han venido motivados por estrictas razones de mérito y capacidad, sino de mera afinidad; y que por ello mismo sus últimas actuaciones, más que cuestionables desde un punto de vista estrictamente jurídico, han generado el rechazo de las principales asociaciones profesionales y aumentado la desconfianza ciudadana.

4.- Desde el SISEJ consideramos imprescindible que la transparencia, la fiabilidad y la eficacia se instauren definitivamente en la Justicia, y que este objetivo debería ser prioritario para todos los poderes públicos dentro del ámbito de sus respectivas competencias.

Es necesario eliminar toda sombra de duda sobre la actuación profesional del personal de Justicia, lo que requiere un comportamiento responsable de todos los cargos públicos relacionados, también en cuanto a sus manifestaciones públicas, así como retomar definitivamente la modernización y la reforma estructural de la Administración de Justicia, dotándola de los medios necesarios y organizándolos de manera adecuada.

Por ello, desde el SISEJ discrepamos públicamente con cualquier actuación que no se dirija en este sentido y reclamamos al Ministerio de Justicia que se comprometa indubitadamente y de manera efectiva, que no efectista, con la erradicación de unas maneras de actuar que perjudican al conjunto del país.

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Presupuestos 2017: una justicia a la deriva

Comisión ejecutiva

Anuncia el Ministerio de Justicia un aumento del 7,6% del presupuesto destinado en justicia para 2017 ascendiendo a 1726 millones de euros, de los que 1358 millones se destinan el abono de los salarios del personal.

Desde el Sindicato de Letrados, analizada la referencia relativa a la administración de Justicia correspondiente al Libro Amarillo de la propuesta de Presupuestos Generales del Estado constatamos la falta de objetivos definidos y la preocupante ausencia de política públicas en justicia por sexto año consecutivo.

Este presupuesto, que destina 0€ a la modernización organizativa de la administración de justicia, supone un nuevo impulso al abismo de la ineficacia, la ineficiencia y la perpetuación de respuestas ancladas a una estructura obsoleta como son los juzgados y tribunales, incapaces de dar respuesta a nuestra sociedad.

Nuestra justicia necesita políticas públicas y una transformación estructural que genere la capacidad de ofrecer a sus usuarios respuestas uniformes, rápidas y guiadas por criterios objetivos. Ni rastro de inversión destinada a la implantación de la Oficina Judicial (tanto para agilizar el impulso de los procedimientos como para resolver la grave situación de la ejecución de las resoluciones) o Tribunales de Instancia por parte del Ministerio de Justicia.

Tampoco se establece en la propuesta de Presupuesto partidas destinadas a la Oficina Fiscal ante el anuncio de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para atribuir la instrucción penal al Ministerio Fiscal, como tampoco se establece previsión para la creación de Jueces de Garantías.

Mucho menos la creación de una justicia de base y proximidad que hemos venido reclamando desde el Sindicato de Letrados, entre otros operadores jurídicos.

El segundo presupuesto destinado para justicia más elevado desde 2010, según la propuesta de PGE, se fundamenta por una parte en una “transformación digital de la Justicia”, a la que  se destinan 150 millones €.

Sin duda la plena implantación de los actuales (que no nuevos) medios telemáticos supondrá mejoras para la Administración de Justicia. Pero la dotación de modernos equipos informáticos o nuevos programas de gestión procesal no supone por sí sola una solución a los graves déficits de la justicia, sino que debe incardinarse en un adecuado diseño de la Oficina Judicial y los Tribunales de Instancia. La justicia ha pasado del papel de calco, a las máquinas de escribir, los ordenadores y ahora a las comunicaciones telemáticas sin modificar apenas su organización, generando respuestas idénticas pese a estos avances.

Tras el fiasco delpapel cero”, que está disparando el gasto en papel, debemos preguntarnos si para 2018 el Ministerio pretende implantar el expediente electrónico definitivamente o, si otro presupuesto más, otro año más, nos encontraremos en el Año de la Marmota. En este proceso deben cesar las propuestas panfletarias que llevan a equívocos y generan falta de seguridad a quienes todos los operadores jurídicos y los usuarios de esta administración.

Desde el Sindicato de Letrados exigimos la optimización económica de los millones de euros ya invertidos en la digitalización e implantación del expediente electrónico. Entendemos que el Ministerio debe coordinarse con las Comunidades Autónomas y aprovechar modelos de tramitación telemática ya existentes y evitar nuevos desembolsos innecesarios.

Junto a ello el proyecto de PGE prevé la creación de 5000 plazas para la Administración de Justicia. No obstante ello no conlleva un aumento del personal sino la consolidación del empleo público en nuestra administración tras años de recortes y graves dificultades para cubrir plazas vacantes. Dicha consolidación es una reivindicación histórica del Sindicato de Letrados, por ello confiamos en que el Ministerio ofrezca un número suficiente de plazas de Letrados de la Administración de Justicia, tanto para el turno libre o la promoción interna, como, finalmente, mediante la convocatoria del concurso-oposición previsto en el Reglamento Orgánico del Cuerpo de Letrados.

Finalmente los presupuestos prevén 14 millones de euros para la creación del nuevo Registro Civil. El Ministerio, que ya ha anunciado una nueva demora en esta materia, pretende mantener el actual modelo del Registro Civil, frente al consensuado en la Ley del Registro Civil 20/2011 (centralizado, accesible telemática y presencialmente). Y decimos mantener un modelo, cuyo funcionamiento es notoriamente deficiente, acumulando constantes quejas por parte de la ciudadanía, porque simplemente pretenden substituir a los jueces por los letrados de la administración de justicia.

Desde el Sindicato de Letrados defendemos un Registro Civil telemático, próximo y dotado de una estructura organizativa centralizado que facilite la resolución de los expedientes de forma rápida y con todas las garantías. Y ese modelo es el previsto en la Ley 20/2011. Un modelo que permita a los juzgados centrarse en las labores propias de la administración de justicia, y facilite el acceso telemático a la ciudadanía, manteniendo un servicio de proximidad, por medio de convenios con los municipios y comunidades autónomas, para evitar las consecuencias la “brecha digital”.

En definitiva unos presupuestos llamados a perpetuar las carencias de la administración de justicia, que renuncian despliegue de la Oficina Judicial y la modernización estructural de la Administración de Justicia

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Comunicado del SISEJ en el 8 de marzo 2017

Comisión ejecutiva

Desde el SISEJ queremos sumarnos a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y a la reivindicación de cuantos esfuerzos y luchas sean necesarios para que el derecho fundamental a la igualdad y al respeto de los derechos humanos de todas las mujeres sean reconocidos efectivamente en todo el planeta.

Conforme a los datos de Naciones Unidas apenas el 50 por ciento de las mujeres en edad de trabajar están representadas en la población activa mundial, frente a un 76 por ciento en el caso de los hombres. De ellas, la mayoría trabaja en la economía informal, subvencionando el trabajo de cuidados y doméstico, y se concentran en empleos peor remunerados y con menos cualificaciones, con poca o ninguna protección social. Si nos circunscribimos al estado español, los datos no son mucho más halagüeños: sin entrar a profundizar en la brecha salarial y el recorte de derechos laborales que ha utilizado la crisis como excusa y que ha generado una grave feminización de la pobreza, sirva como ejemplo que, conforme a los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de la Mujer, de las excedencias por cuidado de hijos o hijas el 93,33 por cien correspondían a las madres, mientras que las mujeres habían solicitado el 84,58 por cien de las relativas al cuidado de otros familiares. Un 72,61 de las personas ocupadas a tiempo parcial en 2016 eran mujeres.

La discriminación laboral tiene también su evidente reflejo en el ámbito institucional: las mujeres, que componen más de la mitad de la población española, ocupan, sin embargo, sólo un tercio de los altos cargos de la Administración. En el ámbito judicial, según datos de 2014, un 58.84 por ciento de los y las jueces, fiscales y letrados de la administración de justicia eran mujeres. En un entorno mayoritariamente femenino, los ámbitos de poder nos siguen estando negados: sólo un 33 por ciento de fiscales jefe y tenientes fiscales y sólo un 13 por ciento de los magistrados del Tribunal Supremo son mujeres. Más grave es la situación del Tribunal Constitucional, órgano en el que desde 1980 sólo han participado 5 mujeres. Desde este sindicato entendemos que la Justicia, en todas sus instancias y órganos de gobierno, debe ser representativa de la sociedad española, y no podemos sino denunciar, como hemos hecho en otros ámbitos, el déficit democrático de una institución que excluye a la mitad de la población por razón de su género.

 La discriminación laboral e institucional solo son, sin embargo, dos formas más de las múltiples violaciones de derechos que sufren diariamente las mujeres por el mero hecho de serlo. Entre las más graves, sin lugar a dudas, la violencia machista: 2017, a 8 de marzo, es ya el peor año de la década en cuanto al número de mujeres asesinadas en España a manos de sus parejas, con 16 crímenes y 8 menores huérfanos a consecuencia de los mismos. Ante una situación de emergencia social como ésta, y en un momento en que está sobre la mesa el necesario Pacto de Estado contra la violencia de género, instamos a los poderes públicos a que no sólo se revise cuidadosamente la eficacia de las medidas judiciales (insistiendo especialmente en la necesaria sensibilización y formación específica de todos los operadores jurídicos que intervienen) sino que se aborde de forma realmente integral el fenómeno de la violencia machista en todas sus vertientes (violencia sexual, trata, prostitución, mutilación genital, matrimonios forzados, acoso laboral…) y con especial incidencia en los esquemas sociales patriarcales que la perpetúan.

 En el marco de la gestación de dicho Pacto de Estado contra la violencia de género, llamamos la atención sobre dos cuestiones particulares en el ámbito de la Administración de Justicia: de una parte, sobre la paralización por parte del Ministerio de Justicia y por razones desconocidas de la integración del Registro Central para la Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica y de Género con los sistemas de gestión procesal con los que se trabaja en las oficinas judiciales, actuación prevista por el Real Decreto 95/2009 y que permitiría a juzgados y tribunales gestionar los datos desde un único punto, agilizando y afinando con ello la respuesta para la protección de las víctimas.

 Igualmente nos preocupa la comarcalización de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. Dicha medida, que supone la eliminación de determinados Juzgados de Violencia sobre la Mujer y la asunción de sus competencias por otros de poblaciones más o menos cercanas, debe permitir la especialización y una mejor asistencia a las afectadas, pero para ello precisa unos estudios previos y el diseño de planes de apoyo integral a las víctimas que garanticen que la lejanía física de la sede judicial no suponga su lejanía material respecto del servicio público de la Justicia. Pero si únicamente, y como puede ocurrir, se toman como base los poco fiables datos estadísticos de Justicia y datos económicos en términos de mero ahorro monetario a corto plazo, los resultados pueden ser dramáticos en orden a la prevención y protección de las víctimas.

Diez años después de la promulgación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, lamentablemente la realidad sigue dejando patente la necesidad de poner de manifiesto todas las formas de discriminación contra las mujeres por el hecho de serlo, y de seguir luchando contra ellas cada día.

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Comunicado sobre la autonomía del Ministerio Fiscal

Comisión ejecutiva

Los últimos días han salido a la luz en el ámbito de la justicia noticias que han generado preocupación y rechazo social por dos cuestiones distintas: la apariencia de falta de independencia de jueces y fiscales y la apariencia de que la justicia no es igual para todos. Nos referimos a las sentencias de los casos Noos y Gürtel, la condena de un rapero por canciones contra la casa real, y los ceses y noticias sobre presiones a miembros del Ministerio Fiscal.

Estamos convencidos de que, al menos con carácter general, Jueces y Magistrados actúan con independencia en el ejercicio de sus cargos. Pero es inadmisible que los nombramientos de los vocales del Consejo, como de los más altos cargos de la judicatura, parezcan responder en demasiadas ocasiones a criterios partidistas (que no políticos), y que tanto el grupo parlamentario mayoritario como el Gobierno no disimulen su interés por situar a personas de su entorno en tales puestos.

Cuestión distinta de la independencia de Jueces y Magistrados es la de su imparcialidad. El diferente grado de severidad de sentencias dictadas en casos mediáticos, y la relación entre las resoluciones de casos análogos denota que quienes las dictan son independientes, pero pone en cuestión su imparcialidad y aumentan la convicción de que la Justicia no es igualitaria. En particular, y desde el respeto por todas las decisiones judiciales, llaman a la reflexión las dictadas en casos en que se determina la línea que separa un derecho fundamental como es la libertad de expresión, de un delito, y la severidad con la que muchas veces se juzgan manifestaciones de carácter marcadamente político.

En cuanto al Ministerio Fiscal, la convicción de que la dirección de dicho órgano obedece a motivos espurios que nada tienen que ver con la defensa de la legalidad, los intereses de los ciudadanos y el interés público es igualmente preocupante. Dicha convicción no es gratuita, sino provocada por ceses no comprensibles y denuncias públicas de presiones a las que siguen declaraciones ministeriales nada tranquilizadoras.

El Ministerio Fiscal no es independiente al tratarse de un órgano jerarquizado cuya función constitucional es distinta de la de Jueces y Magistrados, pero sí es, o debe ser, autónomo. En el actual estado de cosas, y pese a lo necesaria que es, resulta inquietante pensar en una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal impulsada por el actual Ministerio de Justicia que atribuya a las Fiscalías la instrucción de las causas penales.

Es imprescindible garantizar y potenciar la autonomía del Ministerio Fiscal, así como protegerlo frente a intromisiones injustificadas que distorsionen su función y su lógica, y ello, particularmente en fiscalías tan sensibles como las anticorrupción, cuyos titulares deberían estar especialmente protegidos frente a cualquier ataque.

Las nefastas consecuencias de esta manera de actuar aumentan la desafección de la sociedad respecto de la Justicia, lo que constituye un serio problema de calidad de nuestra democracia. La Justicia no sólo debe de ser imparcial e independiente, sino que también debe generar confianza y seguridad a la ciudadanía, especialmente en aspectos fundamentales desde un punto de vista democrático como son la libertad de expresión y la persecución de los delitos de corrupción.

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Razones para no acogerse al RDL 1/2017

Continuando con la discusión generada por la promulgación del RDL 1/17, hacemos público hoy un exhaustivo análisis jurídico del mismo realizado por nuestro compañero Javier Canal Meana.

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