Razones para no acogerse al RDL 1/2017

Continuando con la discusión generada por la promulgación del RDL 1/17, hacemos público hoy un exhaustivo análisis jurídico del mismo realizado por nuestro compañero Javier Canal Meana.

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Valoración sobre el Decreto Ley regulador de las devoluciones derivadas de cláusulas suelo

Comisión ejecutiva

Hoy se ha hecho público el Decreto Ley que establece un sistema privado para la devolución de las cantidades que la banca ha cobrado en exceso en las hipotecas por la aplicación de “cláusulas suelo”, y como consecuencia de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de diciembre de 2016.

Desde el Sindicato de Letrados (SISEJ) queremos hacer pública nuestra profunda discrepancia con el contenido dicho decreto así como con las justificaciones del mismo y, en particular, con la relativa a la presunta necesidad de evitar un aumento de litigios ante la jurisdicción civil, con un elevado coste para la Administración de Justicia por cada pleito y perjuicios por el aumento de la duración de los procedimientos.

Consideramos que atendiendo a la situación creada, cualquier mecanismo de devolución debe mantenerse en el ámbito público para garantizar los derechos de los consumidores, que han sido vulnerados reiteradamente en el ámbito privado hasta que las instancias públicas, y en este caso la justicia europea, ha intervenido.

Nos oponemos a cualquier interpretación en términos estrictamente económicos del servicio que debe prestar la Administración Pública, y en este caso la de Justicia.

Entendemos que problemáticas tan complejas no vienen sino a demostrar de manera notoria que la Administración de Justicia no está organizada pensando en el servicio que debe prestar a la ciudadanía. Nuevamente queda de manifiesto la urgencia de soluciones estructurales, más allá de meros refuerzos o planes de apoyo coyunturales. Se hace imprescindible la implantación y desarrollo definitivo de la Oficina Judicial, los Tribunales de Instancia y, como proponemos desde el SISEJ, Tribunales de Base y Ejecución que permitan que asuntos menos complejos y la ejecución de las resoluciones judiciales no queden apartados por la entrada de procedimientos más difíciles.

La apuesta por mecanismos extrajudiciales de resolución de conflictos no debe realizarse en el ámbito exclusivamente privado. Apostamos por la creación de servicios comunes de conciliación a cargo de Letrados de la Administración de Justicia en desarrollo de las competencias legalmente atribuidas. Estos servicios, enmarcados dentro de la Administración de Justicia, resultan de especial interés en el ámbito particular de los consumidores y usuarios, y facilitarían la solución pactada de los conflictos con total garantía de los derechos de los afectados, como sucede por ejemplo en la jurisdicción social con la conciliación ante los Letrados de la Administración de Justicia.

Si dada la urgencia del caso dichos servicios deben crearse, excepcionalmente, como oficinas de refuerzo, ello no debe afectar a su establecimiento definitivo.

Consideramos que el intento obligatorio de conciliación debe generalizarse en el orden civil. Nos oponemos al establecimiento de cualquier normativa especial en atención a problemáticas específicas, como es la devolución del dinero cobrado de más por aplicación de cláusulas suelo abusivas, que prevea condiciones procedimentales más beneficiosas para alguna de las partes que las contenidas en la legislación general, especialmente cuando la situación creada es directamente imputable a una de las partes en conflicto.

Por último, queremos manifestar nuestra preocupación ante la previsión, sólo como posibilidad y con total indefinición, de creación de un órgano de seguimiento y control de las reclamaciones extrajudiciales de devolución de cantidades por aplicación de cláusulas suelo.

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Sobre el anuncio de regulación de devoluciones derivadas de la nulidad de las cláusulas suelo

Comisión ejecutiva

Con relación al intento del Gobierno de regular vía Decreto la devolución derivada de la nulidad de las cláusulas suelo declaradas nulas en la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y algunas noticias de prensa surgidas al respecto queremos manifestar:

1.- Que se viene hablando de una necesaria negociación entre los afectados y la banca para dar efectividad a la reciente sentencia del TJUE cuando lo único procedente es dar cumplimiento a lo ya resuelto con la devolución de lo indebidamente recibido, cualquier intento de enervar o mermar este hecho es ir contra lo ya resuelto.

2.- Para ello lo único que la banca necesita es voluntad de hacerlo y dinero, ni personal ni oficinas. No se puede engañar a la opinión pública alegando dificultades técnicas, para su cálculo basta restar de lo recibido lo que debería de haberse cobrado, y esto se conoce con la simple aplicación del índice de referencia pactado. Los efectos también son claros, vienen referido en el art. 1.303 del Cc, restituciones de lo indebidamente cobrado con sus intereses.

3.- Como alternativa a su incumplimiento, aplicación rigurosa de la Ley. En la ley estaba la solución antes de la Sentencia del TJUE y en la ley lo está también ahora, no existen atajos, crearlos supone infringir el mandato de la sentencia. El apartamiento del sentir de la norma con una violación grosera en su interpretación buscando tan sólo el beneficio del sistema bancario a costa del consumidor es lo que nos ha llevado a la actual situación. No hacerlo así e intentar cambiarlo vía Decreto-Ley es abocarnos a una futura nueva y sonrojante sentencia que desde Europa nos recuerden como nación la obligatoriedad de cumplir lo ya resuelto.

4.- Desde el poder político la única respuesta posible es exigir el cumplimiento de la legalidad, fijando plazos y sanciones y en último término dotando de medios a los órganos constitucionalmente encargados de esta labor, la Administración de Justicia. El establecimiento de la obligatoriedad de un arbitraje extrajudicial sólo significaría el alargamiento en el trámite para la resolución del conflicto, colocando al afectado en una situación de inferioridad frente a la banca, mermando sus expectativas y forzándole a un acuerdo no deseado con tal de poner fin a la disputa. No debemos olvidar que en último término éste siempre el derecho al acceso a la Justicia por imposición del art. 24 de nuestra Constitución, con lo que la controversia ineludiblemente acabaría judicializada. El intento de extraer la cuestión a los Tribunales no puede ser interpretado sino como un nuevo empeño, ahora vía legislativa, de beneficiar a la banca, y no el de agilizar las devoluciones.

Y si lo que se quiere es una solución mediada lo lógico sería acudir al sistema ya previsto en nuestra Ley de Jurisdicción Voluntaria, sometiéndola a los Letrados de la Administración de Justicia, con la ventaja que las avenencias que se alcancen constituyen título ejecutivo judicial suficiente sin necesidad de ningún otro organismo ni bendición.

5.- Es inasumible que desde el Gobierno, y especialmente desde el Ministerio de Justicia, se alienten soluciones ajenas a nuestra Administración de Justicia, cuando lo que se debería de procurar es su efectivo funcionamiento, de ahí que se demande de éste y de las CCAA con competencias la dotación de medios personales y materiales suficientes para dar una solución ágil y efectiva a estas reclamaciones y a las que ya están en marcha como las devoluciones los gastos en la constitución de hipotecas también declarados abusivos.

6.- En su consecuencia, si lo que se pretende es ahorrar tiempo y trámites ello pasa por la imposición vía norma legal de la obligatoriedad a la banca de atender al cumplimiento del sentir de la sentencia del TJUE, estableciendo un plazo para la liquidación y efectividad de la devolución, con sanciones en caso de incumplimiento, remitiendo a la Administración de Justicia cualquier solución al conflicto creando órganos de refuerzo y dotándola de los medios necesarios para atender a la carga de trabajo que su demanda origine.

Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia

Enero 2017

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Comunicado sobre el nombramiento de Rafael Catalá como Ministro de Justicia

Comisión ejecutiva

Desde el Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia-SISEJ queremos trasladar nuestra felicitación a Rafael Catalá Polo por su nombramiento al frente de la cartera de Justicia, tras más de 300 días en funciones.

En esta legislatura se debe abordar, desde el consenso con todos los grupos parlamentarios y en la línea de la IX legislatura, la transformación urgente de la Administración de Justicia, más allá del pacto que el Grupo Parlamentario Popular suscribió con el grupo de Ciudadanos.

El Ministro de Justicia, en nuestra opinión, debe abandonar la falta de rumbo de la anterior legislatura y las políticas privatizadoras, y apostar por unas políticas públicas a corto, medio y largo plazo que permitan superar la lentitud e ineficacia de la Justicia, fruto de una estructura obsoleta.

Entre los retos que le propondremos desde el SISEJ estará promover, desde el acuerdo con las Comunidades Autónomas con competencias en la materia, el despliegue integral de la Oficina Judicial en todo el territorio del Estado y la implantación de órganos pluripersonales como los tribunales de instancia (para asuntos más complejos) y los tribunales de base y ejecución (para procedimientos de menos entidad). Respecto a estos últimos desde el SISEJ proponemos que, en un primer momento, 1500 Letrados de la Administración de Justicia (antiguos secretarios judiciales) pasen a formar parte del Poder Judicial como jueces de base para iniciar sin demora esta transformación, aumentando así de forma consistente y razonable el número de jueces en nuestro país, una de las necesidades del sector justicia.

El Registro Civil es otro de los asuntos pendientes que debe abordar sin demora el Ministro Catalá. El próximo 30 de junio de 2017 está prevista legalmente la entrada en vigor de la Ley 20/2011 del Registro Civil , que, tras numerosas vicisitudes, movilizaciones sociales y múltiples contactos y reuniones ampliamente conocidas, debe poner en marcha una reforma necesitada por la sociedad española desde hace años. Desde el SISEJ insistimos en el cumplimiento de la Disposición Adicional 2ª de la Ley 20/2011, y que este servicio público sea dirigido desde la Administración Pública por Letrados de la Administración de Justicia como Encargados de un Registro Civil público, telemático, ágil y accesible.

Por último, consideramos que Rafael Catalá debe abordar cambios en su gabinete que permitan avanzar en las políticas expuestas y desterrar, entre otras cuestiones, actuaciones opacas en materia de nombramientos en los puestos de libre de designación y en la concesión de comisiones de servicio en nuestro colectivo.

El SISEJ, desde el compromiso con el servicio público de la justicia y nuestro colectivo, trasladamos al Ministro de Justicia nuestra colaboración en una legislatura que debe alejarse diametralmente de la anterior.

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El Sindicato de Letrados solicita al Ministerio de Justicia la convocatoria de provisión de plazas de Encargados del Registro Civil

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El próximo 30 de junio de 2017 está prevista legalmente la entrada en vigor de la Ley 20/2011 del Registro Civil, que, tras numerosas vicisitudes, movilizaciones sociales y múltiples contactos y reuniones ampliamente conocidas, debe poner en marcha una reforma ampliamente necesitada por la sociedad española desde hace años. 

Desde el Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia consideramos que la ciudadanía no puede seguir esperando y viendo cómo se dilata esta situación de indefinición y provisionalidad.

La Disposición Adicional Segunda de la citada Ley establece claramente que  las plazas de Encargados del Registro Civil se proveerán “entre funcionarios de carrera del Subgrupo A1 que tengan la Licenciatura en Derecho o la titulación universitaria que la sustituya y entre secretarios judiciales”. 

En todas las movilizaciones, actividad sindical y foros diversos sobre Registro Civil el SISEJ ha defendido la plena disponibilidad del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, antes secretarios judiciales, para nutrir íntegramente las plazas de Encargados del Registro Civil, al menos en esta primera convocatoria.

Además de la práctica unanimidad sindical, de profesionales y de expertos en esta consideración, contribuyen a ello otros argumentos decisivos en el escenario actual, como su plena sostenibilidad y mínimo coste organizativo para el Estado.

A ello debemos añadir el naufragio de todas las gestiones realizadas por el Gobierno en estos cuatro años para transferir dicha responsabilidad a otros colectivos.

Es ya una valoración generalizada que no hay mejor alternativa para dichos puestos de trabajo que su selección de entre funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, con una formación y responsabilidad superior en el ámbito de la administración de justicia, y con una experiencia prácticamente insuperable en la gestión del Registro Civil.

Igualmente deberá aplicarse el régimen de la Disposición Transitoria Octava de la Ley 20/2011, respetando los puestos de trabajo del personal al servicio de la administración de justicia destinado en los actuales Registros Civiles y poniendo en marcha los procesos selectivos correspondientes

Por tanto solicitamos del Ministerio de Justicia, y en caso de constituirse un nuevo ejecutivo reiteraremos, que inicie cuanto antes los contactos y los trámites necesarios para impulsar la convocatoria del concurso de provisión de plazas de Encargados del Registro Civil entre funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia mediante las previsiones reglamentarias que exige la Disposición Adicional 2ª de la Ley 20/2011, así como las previsiones también establecidas por dicha norma sobre el nombramiento de Encargados interinos o sustitutos.

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