Comunicado del SISEJ sobre la jornada de paro laboral del 13 de noviembre

Desde el Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia SISEJ anunciamos nuestra participaciónen la jornada de paro laboral que hemos convocado el martes 13 de noviembre en nuestro colectivo profesional, y cuyo seguimiento prevemos que será muy elevado.

El Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, antes denominado de Secretarios Judiciales, lleva diez años reivindicando la adecuación de nuestras retribuciones al aumento de competencias y responsabilidades que supuso la reforma legislativa de 2009-2010, que comenzó la modernización de nuestra vetusta administración de justicia mediante la implantación de la Oficina Judicial.

Hace un año, en el mes de noviembre de 2017, el SISEJ expuso públicamente que la vía más adecuada para la reclamación de adecuación salarial eran las medidas de conflicto colectivo que la legislación laboral ofrece para todos los empleados públicos, camino que se materializa ahora tras todo un año de movilizaciones.

Debemos recordar que nuestra posición beligerantey otras críticas supusieron que el Ministerio de Justicia de Rafael Catalá decidiera vetar al SISEJ de todas las reuniones, una exclusión insólita y antidemocrática que el Gobierno actual ha rectificado materialmente volviendo a convocar a nuestra organización.

Pero por parte del SISEJ, como organización de juristas comprometida con el servicio público, nos oponemos a plantear ante la sociedad una simple reclamación más, vacía y corporativista, nopretendemos equiparar o hacer comparaciones con las protestas de otros colectivos, ni tampoco vamos a utilizar la lícita movilización profesional para hacer oposición política al gobierno.

Somos conscientes del escenario social, económico y presupuestario en que España se encuentra, en el contexto parlamentario y el de la Unión Europea.Pero desde el SISEJ creemos que nuestra reclamación es legítima y perfectamente factible, si se emprende desde la responsabilidad y en el marco de la modernización de la administración de justicia.

En nuestros Congresos de Valencia (2016) y Madrid (2018) presentamos los datos, estudios y trabajos que avalan la necesaria reestructuración organizativa de toda la Administración de Justicia en materia de recursos humanos, un proceso que es inevitable en todo el sector público, más aún si se tiene en cuenta el escenario tecnológico actual.

Desde el SISEJ creemos los Letrados de la Administración de Justicia debemos aspirar a tener únicamente asignadas competencias y responsabilidades de dirección procesal propias de un cuerpo superior, e ir desprendiéndonos de funciones accesorias o auxiliares destinadas a ser suplidas tecnológicamente, como las relativas a la documentación o la fe pública. En el esquema de la Oficina Judicial no tiene sentido que siga existiendo ningún puesto de trabajo que relegue a los Letrados a dichas funciones en Unidades procesales de Apoyo al Juez, mientras que los Servicios Comunes (de ejecución, tramitación general, notificaciones o embargos) siguen infradotados a todos los niveles.

Junto a ello, el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia tiene la formación y capacidad suficiente para asumir la dirección del Registro Civil, la dirección y liderazgo público de los medios adecuados de resolución de conflictos(mediación, conciliación), y para que un número significativo de integrantes de nuestro Cuerpo pueda pasar a integrarse en el Poder Judicial como “jueces de base o de primer grado”, único camino realista que permitirá implementar en un período de tiempo muy corto los Tribunales de Instancia con el aumento de jueces y magistrados necesario para ello.

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Reunión en el Ministerio del 8 de noviembre

Ayer, 8 de noviembre, la Portavoz del SISEJ, Abigail Fernández, acudió a la reunión convocada por el Secretario General de la Administración de Justicia, Antonio Viejo, al objeto de tratar el paro convocado por las organizaciones de Letrados de la Administración de Justicia el próximo martes 13 de noviembre. En esta ocasión tampoco compareció la señora Ministra, quien sin embargo si se reunió con los representantes de Jueces y Fiscales.

Como primera cuestión, El Secretario General nos informó de la preparación de la resolución de servicios mínimos, en relación a la cual los asistentes insistimos en que se tuviera en cuenta la duración del paro y la conveniencia de evitar conflictos innecesarios si llega a fijar unos servicios mínimos objetivamente excesivos e injustificados.

En segundo lugar, el Secretario General expuso la dificultad de llevar a cabo reformas salariales dado el actual contexto de restricción presupuestaria, aunque sí adelantó la voluntad del Ministerio de Justicia de dar una respuesta a otras reclamaciones de tipo estatutario y laboral. Igualmente, nos informó de los avances en la redacción de un nuevo Reglamento Orgánico

En relación a la adecuación salarial del colectivo de Letrados, desde el Sisej trasladamos que, sin dejar de lado la importancia determinante del argumento presupuestario, cuya superación compete al Gobierno y en particular a los Ministerios de Justicia y Hacienda, se debe avanzar en el desarrollo de una nueva estructura salarial para nuestro colectivo. En esta línea, el Secretario General propuso la creación de grupos de trabajo con este objeto y también relativos a las reclamaciones laborales de contenido no económico de nuestro colectivo.

En este punto, y ante la consideración de que los grupos de trabajo podrían partir de los acuerdos de principio alcanzados en los grupos de trabajo que a su vez creó el Ministerio a finales de la última legislatura, desde el SISEJ fuimos rotundos al advertir que no asumiríamos ninguno de los acuerdos alcanzados. Recordamos que dichos grupos fueron ilegítimamente conformados, excluyendo al SISEJ por decisión expresa del anterior Ministro de Justicia, Rafael Catalá, la anterior Secretaria de Estado, Carmen Sánchez-Cortés, y el anterior Secretario General, Antonio Dorado, en una decisión sin precedentes en democracia y que nos privó de participación en el debate, la determinación de necesidades y la valoración de prioridades hasta el punto de que a día de hoy continuamos desconociendo oficialmente el contenido de aquellas reuniones. Las consecuencias  sólo son imputables al anterior equipo por imponer irresponsablemente un criterio de fundamentación jurídica espuria con el doble objetivo de expulsar a una organización crítica y acallar a coste cero y sin compromiso las legítimas reclamaciones de los Letrados y Letradas de Justicia, y desde el SISEJ no validaremos, tampoco tácitamente, aquella situación.

Desde nuestro punto de vista, el actual equipo ministerial debe expresar claramente si se desvincula o no de la anterior gestión, lo que, dada la gravedad de muchas de las decisiones que se adoptaron, requiere ahora de actuaciones materiales concretas y no sólo de meras formalidades, que en todo caso recibimos positivamente.

Para concluir, desde el SISEJ valoramos cualquier iniciativa dirigida a satisfacer las demandas de nuestro colectivo en el marco del servicio público al cual nos debemos como un primer paso necesario e importante, e insistimos en la necesidad de elaborar un calendario de reuniones, con objetivos y plazos bien planificados para optimizar y hacer efectivo cualquier trabajo que se desarrolle en este sentido.

Sin embargo, dado que la oferta aún se encuentra lejos del contenido de nuestras reivindicaciones consideramos inevitable mantener la convocatoria conjunta de paro del próximo martes, así como eventuales nuevas convocatorias de medidas de conflicto que valoraremos a la vista de los avances que se puedan alcanzar.

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COMUNICADO SOBRE EL PRIMER PARO PARCIAL DE LOS LETRADOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA CONVOCADO PARA EL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2018

El Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, la Union Progresista de Letrados de la Administración de Justicia, el Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia y la Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia emitimos el siguiente comunicado a fin de formular al Ministerio de Justicia y Administraciones implicadas las siguientes reivindicaciones básicas que se resumen en:

Primero.- El 4 de mayo de 2010 entró en vigor la Ley 13/2009, que reformó 22 leyes procesales, para racionalizar y optimizar los recursos que se destinan al funcionamiento de la Administración de Justicia.

Según reza la Exposición de Motivos de la misma, el objetivo primordial fue regular la distribución de competencias entre Jueces y Tribunales, por un lado, y Secretarios judiciales, por otro, para que los Jueces y Magistrados pudieran dedicar todos sus esfuerzos a las funciones que les vienen encomendadas por la Constitución: juzgar y hacer ejecutar lo juzgado con mayor eficacia.

Los Secretarios Judiciales (denominados Letrados de la Administración de Justicia desde la LO 7/2015) asumimos en todo el territorio del Estado, con independencia de la implantación o no de la nueva oficina judicial, la descarga de todas aquellas tareas no vinculadas estrictamente a la función jurisdiccional, lo que supuso un notable aumento de funciones y responsabilidad inherente, pero, y aquí radica nuestra reivindicación, sin la correspondiente adecuación salarial, que quedó aplazada a la mejora del escenario presupuestario.

Llevamos más de 8 años esperando la mejora de la situación presupuestaria y a la vez ejerciendo las nuevas y mayores responsabilidades con solvencia profesional y sin defraudar la confianza depositada por el legislador en nuestro Cuerpo.

Por el elemental principio de equivalencia en las prestaciones que debe regir en una relación funcionarial de servicio público, nuestra contribución y esfuerzo no puede tener valor cero, y la adecuación debe aspirar a suprimir o reducir la discriminación salarial respecto de otros funcionarios de la Administración de Justicia del mismo grupo de titulación A1.

Segundo .- En un ejercicio de responsabilidad profesional, no olvidamos y reclamamos tambien la urgente modernización de la Administración de Justicia para conseguir dar una respuesta eficaz y adecuada a los tiempos actuales. Para ello es preciso, seguir con la implantación de la Nueva Oficina Judicial, de la cual somos directores, rectificando las disfunciones advertidas; que definitivamente el país disponga de un Registro Civil público, moderno y gratuito a nuestro cargo;que se compatibilicen los diferentes sistemas de gestión procesal existentes en el territorio nacional; que se insista en la implantación y  desarrollo del expediente digital electrónico.

La justicia de la reclamación es tan palmaria que la huelga se convoca unánimemente por todas las organizaciones del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia. La duración del paro se fija como medida de presión inicial, susceptible de repetición y de un eventual incremento en posteriores medidas
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