Comunicado conjunto sobre la anulación de las tasas judiciales

Compartimos el comunicado conjunto elaborado por Jueces para la Democracia, Unión Progresista de Fiscales, Unión Progresista de Secretarios Judiciales y SISEJ en relación a la sentencia del Tribunal Constitucional que anula determinados preceptos de la ley de tasas judiciales.

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Comunicado del SISEJ ante la nueva legislatura

A las puertas de una nueva legislatura, una vez se constituya el Congreso resultante de las últimas elecciones y se forme gobierno, desde el SISEJ queremos hacer una reflexión relativa al ámbito de la justicia:

En plenas negociaciones para la formación de gobierno resulta evidente que ningún grupo parlamentario ostenta en el nuevo Congreso de los Diputados una mayoría suficiente. Por tanto, necesariamente deben alcanzarse acuerdos entre formaciones, tanto para formar gobierno como para desarrollar el trabajo legislativo de los próximos años.

Esperamos que este nuevo contexto permita incrementar los pactos y el consenso tanto en la actuación del ejecutivo como en el desarrollo de la tarea legislativa, tras una legislatura en la que se aprobó y modificó leyes pese a su amplia contestación social y parlamentaria, como la Ley de Tasas, la reforma laboral o la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

También esperamos que ello repercuta en un mejor uso de la técnica legislativa, desterrando de una vez la necesidad de normas dedicadas a corregir los errores de otras disposiciones previamente dictadas, así como el recurso a una normativa “de cajón de sastre” que ha provocado que en los últimos años las sucesivas reformas se acumularan de manera no sistemática y con una urgencia más que discutible; frente a ello consideramos imprescindible volver a perseguir el acuerdo, la colaboración y la implicación de las distintas sensibilidades políticas y sociales recuperando el consenso alcanzado en 2009 para la aprobación de las leyes de implantación de la Nueva Oficina Judicial. 

En cuanto al colectivo de Letrados de la Administración de Justicia, se nos ha intentado justificar la última legislatura con un cambio de denominación aprobado careciendo de todo consenso y con una reforma ficticia del sistema de categorías, tras un primer anuncio de su eliminación, que no ha solucionado los problemas y disfunciones que causan. Frente a esto, y entre otras cuestiones, hemos encontrado la externalización de competencias de justicia a favor de notarios, registradores de la propiedad y procuradores y la paralización de la modernización de la Administración de Justicia, en la cual debemos desempeñar un papel necesario, útil y eficaz para la sociedad.

Desde el SISEJ defendemos que es hora de retomar la reforma y modernización de la Administración de Justicia desde un punto de vista más ambicioso que la mera dotación de más medios, sobre la base de una auditoría previa que permita determinar las auténticas carencias que sufre, elaborando un plan de acción político a corto, medio y largo plazo, bien definido, con objetivos y tempos fijados nítidamente y siempre inspirado por el interés superior de la ciudadanía y, en particular, de los más necesitados de la intervención pública.

Debe acabar la época de las ocurrencias, los parches, los slogans que no se cumplen, de la venta de la Administración de Justicia a los lobbys más influyentes y de su manipulación por intereses espúreos.

Consideramos imprescindible la implantación de los Tribunales de Instancia y, de manera coordinada, la creación de Tribunales de Base y Ejecución a los que destinar a un número importante de Letrados de la Administración de Justicia que pasarían a prestar servicio como Jueces de Base y Ejecución, lo que incrementaría, con el mínimo coste, el número de Jueces hasta situarlo en primera línea de Europa.

Junto a ello, la concentración del impulso procesal y la resolución alternativa de conflictos en los Servicios Comunes (en necesaria colaboración entre el Estado y las Comunidades Autónomas) permitiría superar definitivamente tanto el retraso endémico en la Administración de Justicia como la inseguridad jurídica derivada del tratamiento heterogéneo de situaciones iguales. Un adecuado diseño del sistema permitiría, además, optimizarlo desde el punto de vista económico. 

Los pactos ahora son imprescindibles, deben conseguirse y mantenerse una vez alcanzados. Esperamos que en este contexto pueda introducirse el punto de vista del interés de la mayoría, para cuya salvaguarda no deberían hacerse cesiones. Para ello llamamos a la responsabilidad política y a la lealtad de los representantes de los y las ciudadanas hacia las instituciones que integran y hacia quienes les eligieron.

La sociedad precisa de una modernización estructural y democrática de una justicia que debe, como servicio público, atenderle con las máximas garantías y celeridad, y como poder del estado favorecer su participación y la rendición de cuentas ante ésta.

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