Propuestas del SISEJ para mejorar la transparencia y gestión en la productividad del Cuerpo de Letrados

Desde el SISEJ hemos venido apostando desde nuestros primeros Congresos por una reforma en profundidad del sistema de retribuciones variables del Cuerpo, un aspecto que ha sufrido un deterioro relevante en los últimos años.

Primero, su regulación y gestión actual termina de ajustarse plenamente a la finalidad que este tipo de incentivo público debe suponer para la mejora del servicio, y en segundo lugar por las deficiencias y falta de equidad del sistema tanto en su cálculo como en su gestión.

Estas son las principales disfunciones prácticas que el examen continuo del sistema nos permite detectar en el mismo,  sin perjuicio de los debates de carácter más general o teórico que en los diversos Congresos hemos venido abordado en el SISEJ sobre cuestiones como el sentido global que deberían tener las retribuciones variables en nuestro trabajo, la posible evaluación de la productividad en referencia colectiva a las unidades administrativas y equipos que constituyen la oficina judicial, o la distribución misma de las partidas presupuestarias. 

Actualmente debemos partir del sentido y finalidad normativos del complemento de productividad que está fijado en el art. 447.2 de la LOPJ. Se establece dicho complemento entre las retribuciones del Cuerpo, para retribuir el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés o iniciativa con que el funcionario desempeñe su trabajo, así como su participación en los programas concretos de actuación y en la consecución de los objetivos que se determinen por el Ministerio de Justicia (…) o por los órganos competentes de las comunidades autónomas con competencias asumidas para las oficinas judiciales de su territorio, siempre que exista autorización previa del Ministerio de Justicia. Este concepto fue desarrollado por el art. 7 del Real Decreto 1130/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el régimen retributivo del Cuerpo de Secretarios Judiciales y, a nuestro juicio en su regulación posterior sigue sin dar cumplimiento a dichos objetivos. 

Recordamos que en su origen se comenzó a retribuir mediante prórrogas de la Resolución de la DGRAJ de 1 diciembre 2005, disposición contra la que el SISEJ interpuso recurso contencioso administrativo. La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Madrid en Sentencia de 28 noviembre 2008 estimó nuestro recurso, anulando primera resolución y obligando al Ministerio de Justicia a una nueva regulación que llevó a cabo mediante la importante Resolución de la Secretaría General de la Administración de Justicia de 27 diciembre 2010.

Esta resolución estableció por primera vez un sistema coherente de retribuciones variables por productividad diseñado por el Ministerio de Justicia, con un contenido estratégico, y un amplio consenso y negociación para elaborar los indicadores de cada puesto de trabajo. 

Se comenzó a implantar con el objetivo de lograr un sistema automático de recogida de datos, que no llegó a ser total al haberse estancado en los años posteriores la necesaria integración con las aplicaciones informáticas de gestión, algo que seguimos reclamando desde el SISEJ. 

Sin embargo, la actual normativa está compuesta por las Resoluciones de la Secretaría General de la Administración de Justicia de 1 de julio de 2014 y de 22 de diciembre de 2015 que, lejos de avanzar en la dirección estratégica que estaba en marcha, supusieron un retroceso a todos los niveles, tanto de transparencia como de funcionalidad. 

A ello hemos de añadir el recorte posterior a 2012 de casi medio millón de euros en la partida presupuestaria destinada para esta finalidad, que nunca se ha logrado recuperar ni a alcanzar los dos millones de euros presupuestados para el segundo semestre de 2011.

En este contexto, desde el SISEJ consideramos que el Ministerio de Justicia debe emprender la reforma del sistema de retribuciones variables por productividad en los siguientes ejes, recuperando el sentido y los valores estratégicos de la resolución de 2010:

1. Revisando y consensuando nuevamente los indicadores de actividad que no reflejan las finalidades orgánicas del sistema.

Como ejemplo, indicadores como el número de tasas judiciales gestionadas, la expedición de certificaciones de exacción penal o el número de oficios dirigidos al Registro Civil, responden a funciones residuales y de escasa incidencia en el servicio público que no implican más que una forma simple de distribuir la partida, cuando existe margen para orientar la “especial dedicación” a finalidades de verdadera mejora del servicio, eficacia que también debería a su vez poder ser evaluada por el Ministerio de Justicia. 

Vale la pena recordar que en 2014 se introdujo como indicador el número de tasas judiciales de la Ley 20/2012 gestionadas por cada Secretario Judicial, aspecto antisocial y ajeno a las finalidades retributivas profesionales del sector justicia, que contó con la  crítica pública del SISEJ, así como la inclusión por primera vez de retribuciones variables por productividad para cargos jerárquicos de libre designación del Ministerio como Secretarios de Gobierno y Coordinadores provinciales.  

2. Introduciendo mecanismos de transparencia en el sistema y en la gestión del mismo.

En una triple vertiente,

2.a) Avance en la automatización

El sistema de recogida de los datos sigue teniendo deficiencias y las aplicaciones informáticas de gestión deberían facilitar su completa obtención y tratamiento automáticos por el Ministerio de Justicia mediante la integración entre las distintas aplicaciones y los sistemas de gestión. 

2.b) Control de calidad y exactitud de datos

Mientras ello no se complete y siga operando el sistema de autoliquidación debe establecerse algún mecanismo de control e inspección de la exactitud de los datos introducidos y presentados. 

A título de ejemplo recordamos que una de las previsiones contenidas en el plan estratégico de justicia 2011-2014 y posteriormente paralizada, fue un sistema de inspección propio del Ministerio de Justicia en su ámbito competencial, que se plasmó en la Instrucción 3/2011 del Secretario General de la Administración de Justicia relativa al Sistema de Inspección de las Secretarías de Gobierno y servicios responsabilidad de Secretarios Judiciales. La misma, partiendo de una arquitectura institucional básica y con finalidad de asegurar y mejorar la calidad del servicio preveía actividad inspectora sobre autoliquidaciones de productividad.

2.c) transparencia en la distribución global de la partida

Tampoco resulta posible acceder al balance del reparto de la partida destinada a este complemento, y no cabe duda de que el análisis de todos estos datos permitiría al Ministerio de Justicia planificar y orientar la acción de gobierno con mayor eficacia además de facilitar la detección y corrección de errores, todo ello obviamente cumpliendo las limitaciones impuestas por la normativa de protección de datos personales. El último contenido del reparto difundido por el Ministerio de Justicia corresponde a las retribuciones por productividad del año 2011, momento a partir del cual se dejó de publicar en el área de acceso restringido.

Una importante laguna surgida en la transparencia en el reparto de la partida de productividad se encuentra desde 2014 en la cantidad que se asignó exclusivamente para Secretarios de Gobierno y Coordinadores. La Resolución de 2014 estableció que el 50% de  la cantidad disponible para ello se repartiría de modo lineal por igual entre tales cargos. Y la Resolución del Secretario General de la Administración de Justicia de 22 de diciembre de 2015, con el argumento de que las liquidaciones anteriores habían resultado “escasamente representativas de la carga de trabajo real realizada por estos cargos de libre designación” redujo al 30% de la partida la cantidad a repartir a prorrata entre los mismos, y aumentó hasta otro 30%  la cantidad de libre disposición por el Secretario General, disposición que lo habría de ser motivadamente para reconocer “la especial dedicación o los proyectos de especial interés en que se hayan implicado los Secretarios de Gobierno y Coordinadores”.

Por ello, dado que la Secretaría General afirmó en dicha Resolución disponer de datos de las liquidaciones anteriores, debería hacer públicos los datos de distribución de estos últimos años, la motivación y los criterios tenidos en cuenta en las partidas de libre disposición del Secretario General establecidas en la resolución de 2014 y aumentadas hasta el 30% mediante la resolución de 22 de diciembre de 2015 de la Secretaría General de la Administración de Justicia.

Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia

Septiembre 2018

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COMUNICADO DEL SISEJ EN RECLAMACIÓN DE LA ADECUACIÓN SALARIAL DEL CUERPO DE LETRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

El pasado 27 de septiembre el SISEJ suscribió junto a las demás organizaciones del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia un comunicado conjunto en defensa de una adecuación salarial para nuestro colectivo, en el que se convoca un paro parcial el próximo miércoles 7 de noviembre.

Esta actuación llega tras años de espera de un gesto por parte del Ministerio en reconocimiento de la labor de los y las Letradas de Justicia. En 2009, las leyes de reforma procesal redistribuyeron las competencias entre el personal judicial y los Letrados, entonces Secretarios Judiciales. Esto ha redundado en la resolución de numerosísimos expedientes judiciales y en el descargo de una parte muy importante del trabajo que hasta ese momento era responsabilidad de jueces y magistrados, permitiendo a su vez a estos concentrarse en su labor constitucional de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.

La grave crisis financiera y económica, los avatares políticos, y en particular las circunstancias que ha atravesado el Ministerio de Justicia en los últimos años han supuesto el abandono absoluto de esta reclamación por parte de los Ministerios de Justicia y Economía. Desde el SISEJ recibimos favorablemente el cambio de gobierno por cuanto la situación anterior era insostenible, y somos conscientes de lo difícil que resulta superarla. Sin embargo, transcurridos ya cuatro meses desde el nombramiento de la Ministra Dolores Delgado, nos encontramos conque, aparte de dos reuniones de carácter técnico, las organizaciones de Letrados sólo hemos sido convocadas una vez a finales de julio, en lo que fue una primera toma de contacto que valoramos positivamente.

El 10 de octubre la Directora de Modernización convocó una reunión para el próximo 22 al objeto de tener conocimiento directo de las reivindicaciones y propuestas de las organizaciones de Letrados. Desde el SISEJ agradecemos esta convocatoria y acudiremos, como siempre hacemos, con ánimo constructivo, pero consideramos:

  1. Que al menos uno de los puntos expresos del orden del día debería ser la adecuación salarial de los Letrados de Justicia, que debería entrar definitivamente en la agenda del Ministerio de Justicia

  2. Que la Ministra de Justicia debería asistir a la reunión, como hizo el 27 de septiembre con la Mesa de Retribuciones de Jueces y Fiscales

  3. Que el Ministerio de Justicia debería ofrecer ya a los Letrados de Justicia un programa de objetivos, estrategias y plazos referido tanto a su programa de gobierno de Justicia como a las actuaciones encaminadas a lograr la adecuación salarial de nuestro colectivo.

Entre las medidas que proponemos, sin perjuicio de otras reivindicaciones conjuntas, se encuentran la equiparación inmediata del salario de los Letrados de la Administración de Justicia destinados en los Registros Civiles al de los Jueces, puesto que su labor es equiparable; igualar las retribuciones de los Letrados por sustituciones a las de Jueces y Fiscales, dado que resulta incomprensible la diferencia entre cuerpos, o el incremento del complemento salarial de quienes ejercen funciones de dirección al frente de servicios comunes procesales, atendiendo a la responsabilidad e implicación que ello supone.

Junto a ello, el trabajo eficaz y responsable realizado desde 2009 por el colectivo de Letradas y Letrados debe tenerse en cuenta en la nueva organización de la Administración Justicia, que junto a la implantación de Tribunales de Instancia debería suponer también la de Tribunales de Base y Ejecución a los que podría ser destinado un número importante de Letrados en funciones judiciales, optimizando así los recursos y favoreciendo la agilidad y eficacia de la respuesta judicial a las necesidades ciudadanas.

El Cuerpo de Letrados, único de los cuerpos de justicia exclusivamente dependiente del Ministerio, puede jugar un papel clave en esa modernización y relegitimación de la Administración de Justicia. Por ello, reclamamos al Ministerio de Justicia que acometa definitivamente estas tareas y para ello recurra al Cuerpo de Letrados, ahondando en la línea iniciada por la Ley 13/2009, redefiniendo y superando competencias anacrónicas y permitiendo la adecuación salarial pendiente desde hace ya diez años.

Para ello nos ponemos a disposición del equipo ministerial, lo que no obsta para que mientras tanto, sostengamos la convocatoria de paro parcial y llamemos al colectivo de Letrados a la movilización en defensa de nuestros derechos laborales.

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Proponemos la vuelta a la racionalización del régimen de sustituciones de Letrados y el fin de la arbitrariedad en las sustituciones forzosas no retribuidas

2010-2011: Primera regulación estratégica y consensuada

El marco legal y reglamentario de las sustituciones en el Cuerpo de Secretarios Judiciales fue desarrollado, tras seis meses de negociaciones y consenso final con todas las organizaciones del sector, por la Instrucción 4/2011 de la Secretaría General de la Administración de Justicia.

No se trataba de una regulación aislada, sino que se planificó y elaboró con un sentido estratégico de mejora del servicio público, previsto en el plan de modernización de la justicia del Ministerio para 2009-2010. El sistema ideado debía responder a estos principios:

  • Voluntariedad en la participación para la consecución de objetivos y obligatoriedad solo en caso de ausencia de voluntarios y no procedencia de acudir al nombramiento de secretarios sustitutos.

  • Incentivación del rendimiento mediante el establecimiento de objetivos a alcanzar durante la sustitución.

  • Acumulación de los indicadores de productividad obtenidos en la plaza que se sustituye a los que se obtienen en la propia plaza.

Junto a ello, el contexto económico y presupuestario de aquel momento determinó que necesariamente el sistema habría de tener un impacto económico limitado. Junto a la instrucción se dictó una Resolución del Director General de Modernización de la Administración de Justicia para el establecimiento de un programa concreto de actuación para la incentivación de las sustituciones naturales entre miembros del cuerpo superior jurídico de secretarios judiciales y su compensación económica

2012-2015: desinterés en el sistema de sustituciones e instrucción suspendida

Pese a que la instrucción y su regulación complementaria siguen vigentes, la renuncia del Ministerio de Justicia a la planificación de políticas públicas de modernización en el sector desde 2012 tuvo como primera consecuencia en esta materia el abandono del interés en revisar, continuar y avanzar en la mejora del régimen de sustituciones, ejerciendo un papel de mera oficina para la gestión casuística de incidencias individuales.

De aquella etapa debemos recordar el triste episodio de la Instrucción 7/2013 de la Secretaría General y la Circular 3/2013 sobre optimización del régimen de sustituciones, que establecía la concesión de días de permiso adicionales a cambio de sustituciones no retribuidas. Dicha instrucción fue dejada sin efecto y “en suspenso” por el propio Ministerio unos días más tarde mediante la Instrucción 8/2013 de la Secretaría General de 18 de noviembre, alegando que había perdido su objeto al anunciar el Ministro de Hacienda una próxima recuperación de días de permiso. En realidad, como denunciamos desde el SISEJ, la instrucción se dictó apresuradamente saltándose los trámites legales de informe y negociación, sin una planificación o estudio previos, para hacerla coincidir con la campaña electoral al Consejo del Secretariado cuyas elecciones iban a tener lugar el 22 de noviembre y en la que, desde nuestro punto de vista, el equipo ministerial pretendía favorecer la campaña de una de las candidaturas.

2015-2018: se fuerza la interpretación de la norma para generalizar sustituciones obligatorias no retribuidas

A partir de 2015 tuvo lugar un cambio cualitativo en la actuación de la Secretaría General de la Administración de Justicia que, manteniendo el marco legal y la renuncia a su perfeccionamiento, comenzó a introducir criterios de arbitrariedad en la aplicación material del mismo.

Una primera incidencia denunciada por el SISEJ fue la Sentencia 681/2016 de 22 de noviembre de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, por la que se anulaba la Resolución de 27 de abril de 2015 del Secretario General de la Administración de Justicia y condenaba al Ministerio de Justicia por no respetar el orden normativamente establecido en la provisión por sustitución de una plaza de Secretario Judicial.

A comienzos de 2017 empezamos a tener conocimiento de la decisión no escrita del Ministerio de Justicia consistente en, dada la nueva redacción del art. 451.3 de la LOPJ, interpretar la Instrucción 4/2011 en el sentido de prohibir sistemáticamente el nombramiento de Letrados sustitutos siempre que fuera posible, y cubrir el máximo número de plazas vacantes mediante la sustitución forzosa no retribuida entre Letrados titulares del mismo partido judicial.

Desde el SISEJ denunciamos desde el primer momento esta situación y por el Ministerio de Justicia se llegó a negar que existiera ningún cambio de criterio . Pero como pusimos de manifiesto en nuestro comunicado de 14 de julio la Secretaría General siguió manteniendo las mismas indicaciones a Secretarios de Gobierno y Coordinación provincial, y los Letrados que veían sus derechos afectados, incluyendo perjuicios relativos a salud laboral relacionada con cargas de trabajo en órganos saturados, comenzaron a interponer recursos legales contra las resoluciones de designación de sustitución forzosa, para lo que desde el SISEJ estuvimos prestando asesoramiento.

2018: la necesidad de volver a la normalidad y el diálogo

La situación en la fecha actual no ha cambiado sustancialmente, pero desde el SISEJ hemos seguido recogiendo numerosas quejas y protestas procedentes de todos los territorios ante la disfuncionalidad del criterio introducido en 2015 (prestación del servicio por menos personas en condiciones más difíciles), el estancamiento del programa de actuación que incentive las sustituciones mediante compensación económica (que se hizo depender de una hipotética negociación retributiva que no se ha iniciado hasta ahora) y el perjuicio para la salud laboral y la conciliación personal y familiar de los Letrados afectados.

En definitiva, desde el SISEJ proponemos, con carácter inmediato:

  • La supresión del criterio introducido por la Secretaría General de la Administración de Justicia en los últimos dos años, permitiendo el nombramiento de Letrado/a de la Administración de Justicia interino/a cuando nadie quiera sustituir en esa plaza dentro del partido, siempre que se trate de sustituciones de esas características y se cumplan los requisitos de la Instrucción reguladora de 2010.

  • La realización de un balance por el Ministerio y el comienzo del proceso de revisión negociada de la Instrucción 4/2011, especialmente en lo referido a la compensación económica por todas las sustituciones realizadas, conforme a principios estratégicos contenidos en la misma, vinculados al servicio público y respetuosos con los derechos de los Letrados afectados.

Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia SISEJ

Septiembre 2018

 

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