Comunicado del SISEJ en el 8 de marzo 2017

Comisión ejecutiva

Desde el SISEJ queremos sumarnos a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y a la reivindicación de cuantos esfuerzos y luchas sean necesarios para que el derecho fundamental a la igualdad y al respeto de los derechos humanos de todas las mujeres sean reconocidos efectivamente en todo el planeta.

Conforme a los datos de Naciones Unidas apenas el 50 por ciento de las mujeres en edad de trabajar están representadas en la población activa mundial, frente a un 76 por ciento en el caso de los hombres. De ellas, la mayoría trabaja en la economía informal, subvencionando el trabajo de cuidados y doméstico, y se concentran en empleos peor remunerados y con menos cualificaciones, con poca o ninguna protección social. Si nos circunscribimos al estado español, los datos no son mucho más halagüeños: sin entrar a profundizar en la brecha salarial y el recorte de derechos laborales que ha utilizado la crisis como excusa y que ha generado una grave feminización de la pobreza, sirva como ejemplo que, conforme a los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de la Mujer, de las excedencias por cuidado de hijos o hijas el 93,33 por cien correspondían a las madres, mientras que las mujeres habían solicitado el 84,58 por cien de las relativas al cuidado de otros familiares. Un 72,61 de las personas ocupadas a tiempo parcial en 2016 eran mujeres.

La discriminación laboral tiene también su evidente reflejo en el ámbito institucional: las mujeres, que componen más de la mitad de la población española, ocupan, sin embargo, sólo un tercio de los altos cargos de la Administración. En el ámbito judicial, según datos de 2014, un 58.84 por ciento de los y las jueces, fiscales y letrados de la administración de justicia eran mujeres. En un entorno mayoritariamente femenino, los ámbitos de poder nos siguen estando negados: sólo un 33 por ciento de fiscales jefe y tenientes fiscales y sólo un 13 por ciento de los magistrados del Tribunal Supremo son mujeres. Más grave es la situación del Tribunal Constitucional, órgano en el que desde 1980 sólo han participado 5 mujeres. Desde este sindicato entendemos que la Justicia, en todas sus instancias y órganos de gobierno, debe ser representativa de la sociedad española, y no podemos sino denunciar, como hemos hecho en otros ámbitos, el déficit democrático de una institución que excluye a la mitad de la población por razón de su género.

 La discriminación laboral e institucional solo son, sin embargo, dos formas más de las múltiples violaciones de derechos que sufren diariamente las mujeres por el mero hecho de serlo. Entre las más graves, sin lugar a dudas, la violencia machista: 2017, a 8 de marzo, es ya el peor año de la década en cuanto al número de mujeres asesinadas en España a manos de sus parejas, con 16 crímenes y 8 menores huérfanos a consecuencia de los mismos. Ante una situación de emergencia social como ésta, y en un momento en que está sobre la mesa el necesario Pacto de Estado contra la violencia de género, instamos a los poderes públicos a que no sólo se revise cuidadosamente la eficacia de las medidas judiciales (insistiendo especialmente en la necesaria sensibilización y formación específica de todos los operadores jurídicos que intervienen) sino que se aborde de forma realmente integral el fenómeno de la violencia machista en todas sus vertientes (violencia sexual, trata, prostitución, mutilación genital, matrimonios forzados, acoso laboral…) y con especial incidencia en los esquemas sociales patriarcales que la perpetúan.

 En el marco de la gestación de dicho Pacto de Estado contra la violencia de género, llamamos la atención sobre dos cuestiones particulares en el ámbito de la Administración de Justicia: de una parte, sobre la paralización por parte del Ministerio de Justicia y por razones desconocidas de la integración del Registro Central para la Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica y de Género con los sistemas de gestión procesal con los que se trabaja en las oficinas judiciales, actuación prevista por el Real Decreto 95/2009 y que permitiría a juzgados y tribunales gestionar los datos desde un único punto, agilizando y afinando con ello la respuesta para la protección de las víctimas.

 Igualmente nos preocupa la comarcalización de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. Dicha medida, que supone la eliminación de determinados Juzgados de Violencia sobre la Mujer y la asunción de sus competencias por otros de poblaciones más o menos cercanas, debe permitir la especialización y una mejor asistencia a las afectadas, pero para ello precisa unos estudios previos y el diseño de planes de apoyo integral a las víctimas que garanticen que la lejanía física de la sede judicial no suponga su lejanía material respecto del servicio público de la Justicia. Pero si únicamente, y como puede ocurrir, se toman como base los poco fiables datos estadísticos de Justicia y datos económicos en términos de mero ahorro monetario a corto plazo, los resultados pueden ser dramáticos en orden a la prevención y protección de las víctimas.

Diez años después de la promulgación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, lamentablemente la realidad sigue dejando patente la necesidad de poner de manifiesto todas las formas de discriminación contra las mujeres por el hecho de serlo, y de seguir luchando contra ellas cada día.

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Comunicado sobre la autonomía del Ministerio Fiscal

Comisión ejecutiva

Los últimos días han salido a la luz en el ámbito de la justicia noticias que han generado preocupación y rechazo social por dos cuestiones distintas: la apariencia de falta de independencia de jueces y fiscales y la apariencia de que la justicia no es igual para todos. Nos referimos a las sentencias de los casos Noos y Gürtel, la condena de un rapero por canciones contra la casa real, y los ceses y noticias sobre presiones a miembros del Ministerio Fiscal.

Estamos convencidos de que, al menos con carácter general, Jueces y Magistrados actúan con independencia en el ejercicio de sus cargos. Pero es inadmisible que los nombramientos de los vocales del Consejo, como de los más altos cargos de la judicatura, parezcan responder en demasiadas ocasiones a criterios partidistas (que no políticos), y que tanto el grupo parlamentario mayoritario como el Gobierno no disimulen su interés por situar a personas de su entorno en tales puestos.

Cuestión distinta de la independencia de Jueces y Magistrados es la de su imparcialidad. El diferente grado de severidad de sentencias dictadas en casos mediáticos, y la relación entre las resoluciones de casos análogos denota que quienes las dictan son independientes, pero pone en cuestión su imparcialidad y aumentan la convicción de que la Justicia no es igualitaria. En particular, y desde el respeto por todas las decisiones judiciales, llaman a la reflexión las dictadas en casos en que se determina la línea que separa un derecho fundamental como es la libertad de expresión, de un delito, y la severidad con la que muchas veces se juzgan manifestaciones de carácter marcadamente político.

En cuanto al Ministerio Fiscal, la convicción de que la dirección de dicho órgano obedece a motivos espurios que nada tienen que ver con la defensa de la legalidad, los intereses de los ciudadanos y el interés público es igualmente preocupante. Dicha convicción no es gratuita, sino provocada por ceses no comprensibles y denuncias públicas de presiones a las que siguen declaraciones ministeriales nada tranquilizadoras.

El Ministerio Fiscal no es independiente al tratarse de un órgano jerarquizado cuya función constitucional es distinta de la de Jueces y Magistrados, pero sí es, o debe ser, autónomo. En el actual estado de cosas, y pese a lo necesaria que es, resulta inquietante pensar en una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal impulsada por el actual Ministerio de Justicia que atribuya a las Fiscalías la instrucción de las causas penales.

Es imprescindible garantizar y potenciar la autonomía del Ministerio Fiscal, así como protegerlo frente a intromisiones injustificadas que distorsionen su función y su lógica, y ello, particularmente en fiscalías tan sensibles como las anticorrupción, cuyos titulares deberían estar especialmente protegidos frente a cualquier ataque.

Las nefastas consecuencias de esta manera de actuar aumentan la desafección de la sociedad respecto de la Justicia, lo que constituye un serio problema de calidad de nuestra democracia. La Justicia no sólo debe de ser imparcial e independiente, sino que también debe generar confianza y seguridad a la ciudadanía, especialmente en aspectos fundamentales desde un punto de vista democrático como son la libertad de expresión y la persecución de los delitos de corrupción.

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Razones para no acogerse al RDL 1/2017

Continuando con la discusión generada por la promulgación del RDL 1/17, hacemos público hoy un exhaustivo análisis jurídico del mismo realizado por nuestro compañero Javier Canal Meana.

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Valoración sobre el Decreto Ley regulador de las devoluciones derivadas de cláusulas suelo

Comisión ejecutiva

Hoy se ha hecho público el Decreto Ley que establece un sistema privado para la devolución de las cantidades que la banca ha cobrado en exceso en las hipotecas por la aplicación de “cláusulas suelo”, y como consecuencia de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de diciembre de 2016.

Desde el Sindicato de Letrados (SISEJ) queremos hacer pública nuestra profunda discrepancia con el contenido dicho decreto así como con las justificaciones del mismo y, en particular, con la relativa a la presunta necesidad de evitar un aumento de litigios ante la jurisdicción civil, con un elevado coste para la Administración de Justicia por cada pleito y perjuicios por el aumento de la duración de los procedimientos.

Consideramos que atendiendo a la situación creada, cualquier mecanismo de devolución debe mantenerse en el ámbito público para garantizar los derechos de los consumidores, que han sido vulnerados reiteradamente en el ámbito privado hasta que las instancias públicas, y en este caso la justicia europea, ha intervenido.

Nos oponemos a cualquier interpretación en términos estrictamente económicos del servicio que debe prestar la Administración Pública, y en este caso la de Justicia.

Entendemos que problemáticas tan complejas no vienen sino a demostrar de manera notoria que la Administración de Justicia no está organizada pensando en el servicio que debe prestar a la ciudadanía. Nuevamente queda de manifiesto la urgencia de soluciones estructurales, más allá de meros refuerzos o planes de apoyo coyunturales. Se hace imprescindible la implantación y desarrollo definitivo de la Oficina Judicial, los Tribunales de Instancia y, como proponemos desde el SISEJ, Tribunales de Base y Ejecución que permitan que asuntos menos complejos y la ejecución de las resoluciones judiciales no queden apartados por la entrada de procedimientos más difíciles.

La apuesta por mecanismos extrajudiciales de resolución de conflictos no debe realizarse en el ámbito exclusivamente privado. Apostamos por la creación de servicios comunes de conciliación a cargo de Letrados de la Administración de Justicia en desarrollo de las competencias legalmente atribuidas. Estos servicios, enmarcados dentro de la Administración de Justicia, resultan de especial interés en el ámbito particular de los consumidores y usuarios, y facilitarían la solución pactada de los conflictos con total garantía de los derechos de los afectados, como sucede por ejemplo en la jurisdicción social con la conciliación ante los Letrados de la Administración de Justicia.

Si dada la urgencia del caso dichos servicios deben crearse, excepcionalmente, como oficinas de refuerzo, ello no debe afectar a su establecimiento definitivo.

Consideramos que el intento obligatorio de conciliación debe generalizarse en el orden civil. Nos oponemos al establecimiento de cualquier normativa especial en atención a problemáticas específicas, como es la devolución del dinero cobrado de más por aplicación de cláusulas suelo abusivas, que prevea condiciones procedimentales más beneficiosas para alguna de las partes que las contenidas en la legislación general, especialmente cuando la situación creada es directamente imputable a una de las partes en conflicto.

Por último, queremos manifestar nuestra preocupación ante la previsión, sólo como posibilidad y con total indefinición, de creación de un órgano de seguimiento y control de las reclamaciones extrajudiciales de devolución de cantidades por aplicación de cláusulas suelo.

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Sobre el anuncio de regulación de devoluciones derivadas de la nulidad de las cláusulas suelo

Comisión ejecutiva

Con relación al intento del Gobierno de regular vía Decreto la devolución derivada de la nulidad de las cláusulas suelo declaradas nulas en la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y algunas noticias de prensa surgidas al respecto queremos manifestar:

1.- Que se viene hablando de una necesaria negociación entre los afectados y la banca para dar efectividad a la reciente sentencia del TJUE cuando lo único procedente es dar cumplimiento a lo ya resuelto con la devolución de lo indebidamente recibido, cualquier intento de enervar o mermar este hecho es ir contra lo ya resuelto.

2.- Para ello lo único que la banca necesita es voluntad de hacerlo y dinero, ni personal ni oficinas. No se puede engañar a la opinión pública alegando dificultades técnicas, para su cálculo basta restar de lo recibido lo que debería de haberse cobrado, y esto se conoce con la simple aplicación del índice de referencia pactado. Los efectos también son claros, vienen referido en el art. 1.303 del Cc, restituciones de lo indebidamente cobrado con sus intereses.

3.- Como alternativa a su incumplimiento, aplicación rigurosa de la Ley. En la ley estaba la solución antes de la Sentencia del TJUE y en la ley lo está también ahora, no existen atajos, crearlos supone infringir el mandato de la sentencia. El apartamiento del sentir de la norma con una violación grosera en su interpretación buscando tan sólo el beneficio del sistema bancario a costa del consumidor es lo que nos ha llevado a la actual situación. No hacerlo así e intentar cambiarlo vía Decreto-Ley es abocarnos a una futura nueva y sonrojante sentencia que desde Europa nos recuerden como nación la obligatoriedad de cumplir lo ya resuelto.

4.- Desde el poder político la única respuesta posible es exigir el cumplimiento de la legalidad, fijando plazos y sanciones y en último término dotando de medios a los órganos constitucionalmente encargados de esta labor, la Administración de Justicia. El establecimiento de la obligatoriedad de un arbitraje extrajudicial sólo significaría el alargamiento en el trámite para la resolución del conflicto, colocando al afectado en una situación de inferioridad frente a la banca, mermando sus expectativas y forzándole a un acuerdo no deseado con tal de poner fin a la disputa. No debemos olvidar que en último término éste siempre el derecho al acceso a la Justicia por imposición del art. 24 de nuestra Constitución, con lo que la controversia ineludiblemente acabaría judicializada. El intento de extraer la cuestión a los Tribunales no puede ser interpretado sino como un nuevo empeño, ahora vía legislativa, de beneficiar a la banca, y no el de agilizar las devoluciones.

Y si lo que se quiere es una solución mediada lo lógico sería acudir al sistema ya previsto en nuestra Ley de Jurisdicción Voluntaria, sometiéndola a los Letrados de la Administración de Justicia, con la ventaja que las avenencias que se alcancen constituyen título ejecutivo judicial suficiente sin necesidad de ningún otro organismo ni bendición.

5.- Es inasumible que desde el Gobierno, y especialmente desde el Ministerio de Justicia, se alienten soluciones ajenas a nuestra Administración de Justicia, cuando lo que se debería de procurar es su efectivo funcionamiento, de ahí que se demande de éste y de las CCAA con competencias la dotación de medios personales y materiales suficientes para dar una solución ágil y efectiva a estas reclamaciones y a las que ya están en marcha como las devoluciones los gastos en la constitución de hipotecas también declarados abusivos.

6.- En su consecuencia, si lo que se pretende es ahorrar tiempo y trámites ello pasa por la imposición vía norma legal de la obligatoriedad a la banca de atender al cumplimiento del sentir de la sentencia del TJUE, estableciendo un plazo para la liquidación y efectividad de la devolución, con sanciones en caso de incumplimiento, remitiendo a la Administración de Justicia cualquier solución al conflicto creando órganos de refuerzo y dotándola de los medios necesarios para atender a la carga de trabajo que su demanda origine.

Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia

Enero 2017

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